Suprema ordena resolver solicitud de visas de responsabilidad democrática de matrimonio venezolano

29 Abril 2019 Fachada Tribunales de Justicia, Corte suprema, Corte de apelaciones, Palacio de tribunales. Foto: Andres Perez

"La denegación de otorgamiento de la visa y la negativa a continuar su tramitación, respectivamente, se torna arbitraria e ilegal y debe ser considerada como una perturbación o amenaza en el derecho a la libertad personal y seguridad individual de los amparados", sostiene el fallo del máximo tribunal




La Corte Suprema acogió recurso de amparo y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores resolver la solicitud de visas de responsabilidad democrática de matrimonio venezolano que tiene una hija y nieta residiendo en el país.

Así, fue revocada una sentencia apelada del 19 de febrero de 2021, y en su lugar se declaró que se acoge el recurso de amparo deducido a favor de Francisca Bermúdez de Raga y Hernán Gerardo Raga Fontana. “En consecuencia, la autoridad administrativa deberá resolver fundadamente la petición de visa requerida por los amparados”, dice la resolución.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Raúl Mera, Jorge Zepeda, Dobra Lusic y la abogada (i) Leonor Etcheberry, estableció el actuar arbitrario e ilegal de la autoridad recurrida al denegar la solicitud de visado especial de los amparados. La decisión adoptada con los votos en contra de los ministros Valderrama y Lusic.

“Consta que la autoridad recurrida ha desatendido que los amparados incurrieron en una demora en la obtención y tramitación de su visa sin considerar que tal tardanza, provino de un causa enteramente ajena a su voluntad”, expresa el fallo.

Además, no estimó que se trató de un hecho imprevisto, es decir, sin que haya sido posible calcular o prever de manera ordinaria y corriente; que el que a pesar del interés de los amparados de poder obtener sus visas e ingresar dentro del plazo legal al país, no lo pudieron hacer”, se agrega.

“En efecto, de acuerdo con los antecedentes, la denegación de otorgamiento de la visa y la negativa a continuar su tramitación, respectivamente, se torna arbitraria e ilegal y debe ser considerada como una perturbación o amenaza en el derecho a la libertad personal y seguridad individual de los amparados”, añade la resolución del máximo tribunal.

Para la Corte Suprema “se configura la perturbación a la libertad personal, al impedir con ello el ingreso al país de ciudadanos extranjeros que según se señaló cumplían los requisitos legales, y que por efectos de la pandemia se les prohibió ingresar, y con ello obtener o continuar tramitando sus visas, lo que no les es imputable”.

“La resolución recurrida restringe la libertad de los amparados a ingresar al territorio nacional, limitando su libertad ambulatoria y de desarrollar su proyecto de vida en el lugar que decidan”, se plantea en el fallo.

Asimismo se especifica que “si bien la autoridad migratoria posee cierta discrecionalidad para disponer expulsiones o rechazar permisos de residencia, es necesario recordar que el ejercicio de aquella debe ajustarse a los elementos reglados que norman dichas atribuciones, como el respeto y protección de la unidad familiar, teniendo presente que en este caso los recurrentes hacen la solicitud de visa con el ánimo de residir en Chile junto a su hija y nieta a fin de fortalecer sus lazos familiares, y también, tener una mejor calidad de vida”.

El abril de 2018 comenzó a regir en el país la exigencia de Visa de Responsabilidad Democrática para venezolanos, la que debía ser solicitada en las sedes diplomáticas chilenas en Caracas y Puerto Ordaz, para conceder un permiso de residencia temporal por un año. El primer día en que en Venezuela se abrieron las solicitudes 1.520 personas solicitaron el visado especial.

En junio de 2019 el gobierno de Chile autorizó, a través de Cancillería, que todas las oficinas consulares de Chile alrededor del mundo sean lugares donde los venezolanos puedan solicitar y tramitar la visa especial. En julio de ese año la entonces ministra vocera del Ejecutivo Cecilia Pérez, aseguró que se seguirá recibiendo migración venezolana a Chile “hasta que el país lo resista”.

En febrero de 2021, ante la crisis migratoria generada por el masivo ingreso irregular de ciudadanos venezolanos a la zona norte del país, el Ejecutivo estableció un plan especial para enfrentar la situación.

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