Una de cada tres armas incautadas habría ingresado ilegalmente al país

El alto poder de fuego que está en mano de las agrupaciones criminales se ha convertido en uno de los focos de preocupación del gobierno en materia de seguridad ciudadana. De hecho, el Ejecutivo se encuentra trabajando en modificaciones a la Ley de Control de Armas, en que se propondrá aumentar los requisitos para la inscripción del armamento.

Un ejemplo de este nudo quedó al descubierto hoy, cuando la PDI de San Antonio dio a conocer los resultados de la "Operación Cazadores", en la cual se desbarató una banda que adquiría armas con licencias autorizadas de cazadores, deportistas y coleccionistas, las que después eran comercializadas entre grupos de delincuentes.

En el operativo se allanaron cuatro domicilios y se incautaron 37 armas, entre estas cinco fusiles y una subametralladora.

Sin embargo, una de las aristas derivada del acceso a al armamento por parte de los delincuentes se ha convertido en uno de los motivos de preocupación de policías y autoridades. Según las cifras entregadas por la PDI y Carabineros, el 31% de las 6.723 armas incautadas en 2016 y 2017 nunca fueron inscritas en los registros de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

De esta forma, las principales sospechas de las policías apuntan a un eventual ingreso clandestino al país.

El coronel del OS-11 de Carabineros Andrés Troncoso, jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, dijo que "pueden haber varias explicaciones sobre a qué obedece que estas armas no registren inscripción. Tenemos una frontera bastante amplia, tenemos los puertos y una serie de accesos que pudieran explicar este fenómeno de que hay armas incautadas que no se encuentran inscritas en los sistemas implementados para estos efectos". Agregó que "es una situación que no es favorable".

Por su parte, el comisario Luis Salazar, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI, explicó que no necesariamente todas las armas no registradas en la DGMN fueron ingresadas ilegalmente a Chile; por ejemplo, las que son de extrema antigüedad. "En el caso de la banda que ingresó armas desde Houston, aún no podemos cuantificar el total que traficaron", por lo que señaló que es probable que parte de este 31% de las armas no inscritas podrían ser parte de las que traficó esta agrupación delictual.

Con el objetivo de identificar operaciones de grupos que trafiquen armas desde Estados Unidos a Chile, y luego de que el 10 de mayo se desbaratara a una banda que ingresaba desde Texas armamento de alto calibre -en la llamada "Operación Houston"-, Mauricio Fernández, jefe de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Crimen Organizado (Uldecco) de la Fiscalía Nacional, pidió a todos los fiscales de Chile que le informen de las investigaciones en que incautaron armas no inscritas en la DGMN.

El requerimiento fue realizado el 22 de mayo. Fernández detalló que en la "Operación Houston" la mayoría de las armas son Glock, Walther, Tanfoglio, Springfield, Taurus, entre otras, y solicitó que le indiquen el número de la causa, la marca, el modelo y el número de serie.

Con esta información -que aún está en etapa de recopilación-, el Ministerio Público alista una petición de información a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EE.UU., organismo que cuenta con un sistema que permite hacer rastreo de armamento e identificar si fue comprado en ese país.

¿Por qué en EE.UU.? La fiscalía sospecha que podría ser el lugar dónde se obtiene gran cantidad de armas que luego ingresan a nuestro país. Esto, debido a que no existen restricciones de compra y uso, especialmente en Texas, donde hay una gran población latina que tiene vínculos con Chile.

Asimismo, según antecedentes del Ministerio Público, el grupo desbaratado el 10 de mayo, al menos, ingresaba dos o tres encomiendas por mes (en cada encomienda escondían un arma) desde 2015 a la fecha. Entonces, sospechan que hay un importante número de armas que hoy está en Chile y aún no se identifica su procedencia.

El fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, explicó que "el hallazgo de armas de fuego entrando por el aeropuerto despertó varias alarmas internas".

Detalló que "de ahí surge la necesidad de saber si este es un tema solo de este grupo o de alguien más, y pedimos a las fiscalías información de armas nos registradas en la DGMN, porque esas son lógicamente importadas e ingresadas al país de una manera irregular. Este es un requerimiento que hemos hecho a nivel país a través de la Uldecco".