Viajes en el Ejército: jueza detecta eventuales delitos tributarios

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La ministra Romy Rutherford envió los antecedentes de posibles irregularidades al SII.

La ministra en visita Romy Rutherford envió los antecedentes al SII. En 2016 la Contraloría ya había hecho observaciones sobre compra de pasajes.




Facturas, boletas, correos electrónicos, pasajes de avión e informes policiales. Todo eso es parte de una serie de antecedentes que actualmente analiza la ministra en visita Romy Rutherford respecto de los viajes en comisiones de servicio en el Ejército. ¿La razón? Eventuales irregularidades que allí habrían ocurrido.

De esta forma, el extenso cuaderno judicial que desarrolla la jueza en relación con la forma como se efectuaban algunos viajes al extranjero de los oficiales, podría sumar una nueva hebra investigativa: la tributaria.

Durante las últimas semanas, la ministra Rutherford despachó parte del expediente de la causa al Servicio de Impuestos Internos (SII), pues detectó indicios de posibles delitos tributarios que involucrarían a militares y a las empresas de turismo que tramitaban los pasajes de los oficiales al exterior.

Dentro de las pesquisas y los antecedentes remitidos al SII están las boletas y facturas que emitían las agencias y las facturas de los montos solicitados por los militares al Ejército.

Por ejemplo, según fuentes del caso, había oficiales que informaban a la institución castrense haber comprado pasajes por $ 2 millones en un viaje, pero en realidad habían gastado $ 1 millón. En esa dinámica, el Ejército les devolvía la cantidad "no usada" y el usuario se quedaba con ese millón de pesos, presentando boletas y facturas que no contenían el valor real de lo que la institución pagó por el pasaje.

En uno de los procesamientos se destaca que una agencia de viajes facturó casi US$ 30 mil por cinco pasajes a nombre del Comando de Personal, en 2013, toda vez que el costo de los boletos fue menor.

Esto es otro modus operandi, aparte de la defraudación a través de "excesos de equipaje", donde los efectivos decían haber gastado dinero personal por este concepto, siendo que, según los antecedentes de la causa, nunca fue así.

Fuentes del caso explicaron también que al ocupar viajes oficiales -como misiones de paz o comisiones de servicio- para vacaciones junto a familiares, se debió haber cancelado el IVA correspondiente.

Según explicó una fuente consultada, estos viajes eran "disfrazados" como trámites oficiales, cuando en realidad terminaban siendo en el Caribe, Europa o EE.UU.

En el SII se encuentran analizando los antecedentes que les fueron remitidos por la ministra Rutherford, y una vez que se termine su revisión estarían en condiciones de decidir si se querellarán o no.

De todas maneras, de tomar una decisión en esa línea, una eventual querella debiera ser presentada en la causa que lleva la justicia civil por este caso, radicada en la Fiscalía Centro Norte.

Para el diputado DC Iván Morales, integrante de la comisión que investiga las irregularidades en el Ejército, "lo que estamos viendo obliga a recurrir a todas las instituciones que puedan tener antecedentes y ejercer acciones, para saber cómo se estaban utilizando los recursos fiscales; en eso, lo tributario es clave".

Auditoría de Contraloría

Además de Impuestos Internos, la Contraloría también maneja información en relación con los viajes. La propia ministra Rutherford le solicitó al ente contralor antecedentes relativos a los sumarios en el Ejército.

En un informe de auditoría a la Tesorería del Estado Mayor del Ejército, fechado el 11 de mayo de 2016, el ente contralor advirtió la "compra de pasajes sin que existiere documento que autoriza dicha adquisición".

En esa auditoria se detalla que "se verificó la emisión de 40 órdenes de compras que disponían la adquisición de pasajes que carecían de la documentación que respaldara y autorizara dicha solicitud". Se agregó que los documentos de respaldo de esta compras fueron emitidos posteriormente, con un plazo de entre los 2 días y 24 días.

Esto último, para la Contraloría, "aumenta el riesgo de formalizar compras que no se encuentran autorizadas, viajes en períodos distintos a los necesarios y destinos diferentes a los solicitados por la institución".

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