En el día de ayer la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó, en forma unánime, la rebaja de 50% en dietas de autoridades del Gobierno, parlamentarios y autoridades regionales, excluyendo a concejales y consejeros regionales. Sin embargo, la iniciativa también determina que el Banco Central sea el que fije las remuneraciones de otros organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el propio gobierno y el Tribunal Constitucional.

Ante esta posibilidad, el pleno de la Corte Suprema se reunió hoy y sus visiones las dio a conocer el vocero del máximo tribunal del país, Lamberto Cisternas.

"El pleno fue convocado por el acuerdo que se está gestando, de reducir las remuneraciones de diversas instituciones, incluidas entre ellas el Poder Judicial en un 50%. El tribunal pleno no ha decidido nada todavía, salvo, en primer lugar, que la comisión de remuneraciones se dedique a un trabajo intensivo para poder elaborar un documento en que se contengan todos los puntos que el Poder Judicial considera pertinentes y hacer llegar estos antecedentes y argumentos, que se tengan en cuenta antes que se produzca la votación", precisó.

Cisternas indicó que "más allá de la implicancia en la vida familiar de nosotros, en función de los ingresos que  recibe cada familia, se ha puesto de relevancia la importancia que tienen para el Poder Judicial, la independencia de los jueces y una de las bases es su esquema de remuneraciones (...) una baja significa atentar contra la independencia de los jueces y su inamovilidad, porque están sometidos entonces a una situación de contingencia y pueden dejar otras tareas por la labor privada, a buscar otros ingresos y esto puede significar que la presión sea muy fuerte y podemos abrir en algunos casos puertas para situaciones indebidas".

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