Alfredo Moreno frente al Ministerio de Desarrollo Social

Fue una de las sorpresas del gabinete recientemente anunciado por Sebastián Piñera. Su decisión de nombrar al presidente de los empresarios, Alfredo Moreno, como futuro ministro de Desarrollo Social (MDS) sacudió a los asistentes, políticos, parlamentarios, al sector privado y especialmente a los expertos y profesionales dedicados al diseño e implementación de las llamadas políticas públicas. El retorno del ex canciller piñerista fue novedad también, porque para eso dejó la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), cargo en el que sólo estuvo nueve meses (de un período de dos años) y por el que arremetió en desmedro del entonces titular de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock.

Moreno, sin embargo, aceptó la propuesta de volver al gabinete y ya no abogando por la diplomacia. Contra todo pronóstico previo, lo hizo para representar el sello que tendrá la política social de esta nueva administración Piñera y liderar un ministerio que en los últimos siete años ha incrementado no sólo la presencia mediática de sus autoridades, algo por lo que hoy también se miden las autoridades, sino también su capacidad de influencia al interior del gabinete. Un proceso en el que el traslado geográfico de la cartera ha sido otro factor determinante. Desde octubre de 2011 el gabinete del ministro de Desarrollo Social es parte de las dependencias del segundo piso de La Moneda, tras casi dos décadas emplazado en la esquina de Ahumada con la Alameda.

Por eso, quienes conocen la interna del armado del nuevo gabinete de Piñera no admiten sorpresa frente al detalle que acompañó la designación del ex presidente de Empresas Penta: su incorporación como titular del MDS en el comité político del electo mandatario.

Por eso es que cada día entre los actores y expertos del área social crece la interrogante sobre qué espera a Moreno al mando de una cartera cuyo objetivo legal primero y último es asegurar que el Estado, independientemente de la administración de turno, mantenga en funcionamiento una extensa y costosa red de ayuda, subsidios y aportes estatales para la población de menores ingresos del país.

Así como el futuro ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tendrá la labor de conducir la política económica y administrar de la mejor manera posible una caja fiscal que ya supera los US$ 64.000 millones en la Ley de Presupuestos 2018, el futuro ministro Moreno tendrá la tarea de asegurar que cerca del 70% de esa cuantiosa suma vaya efectivamente a financiar toda la estructura de prestaciones y beneficios estatales que constituyen el llamado gasto social, una suerte de compromiso irrenunciable y creciente para cada administración en La Moneda desde la vuelta a la democracia.

Aún resta conocer cuál será la agenda de aterrizaje y las primeras definiciones que el nuevo jefe del MDS disponga una vez que arribe a su nueva oficina, el 11 de marzo próximo. Pero mientras tanto, expertos que llevan años de relación con el ministerio y que han integrado las distintas comisiones asesoras de la cartera, todas transversales en lo político y lo técnico, declaran una expectativa moderada como también incierta sobre cuál será el resultado de su paso ministerial.

Flancos y desafíos que están ya sobre la mesa.

Fue Piñera quien dio el primer golpe durante su discurso previo al dar a conocer a su gabinete. Inicialmente, no se reparó mucho en que el Presidente terminara su descripción de objetivos y compromisos con recuperar la capacidad de crecimiento del país con un llamado a no olvidar que a pesar de los evidentes avances sociales, en Chile entre tres y cuatro millones de personas seguían viviendo en la pobreza, en condiciones difíciles, precarias. Un par de días después lanzó en radio el desafío para su ex canciller y ahora titular del MDS: terminar con la pobreza en Chile.

Esta semana finalizó la segunda ronda de trabajo de campo de la Encuesta Casen 2017; la primera se hizo en noviembre pasado. La información recogida será procesada desde abril próximo y las conclusiones estarían disponibles no antes de agosto. Así las cosas, el dato oficial sigue siendo el de la medición 2015 que reveló que había dos millones de personas en situación de pobreza por ingresos, es decir, que vivían con menos de $ 151.669 al mes. Un 11,7% de la población que sube a 20,9% o algo más de 3,5 millones de personas cuando entran en juego sus carencias en educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Un conjunto de falencias que dan cuenta de la llamada pobreza multidimensional.

La de antes es la foto-país. Pero hay también una imagen más cercana, más cotidiana, construida con lo que 12,9 millones de personas han declarado en sus respectivos municipios en el Registro Social de Hogares (RSH), requisito clave para postular a cualquier ayuda del Estado. La instantánea en este caso da cuenta de un Chile más complejo en el que, por ejemplo, de 9,6 millones de adultos en edad de trabajar, sólo el 44,8% lo hace y recibe un ingreso laboral promedio de $ 370.108. También que de los 4,9 millones de hogares que buscan apoyo fiscal, el 53% tiene como jefe a una mujer, cuyo ingreso es además alrededor de un 30% inferior al de sus pares hombres. Una realidad que se repite en nueve regiones del país.

El Chile que necesita ayuda social del Estado y que recibe Moreno no es el mejor, pero tampoco el de hace tres décadas, cuando la tasa de pobreza llegaba al 38,6% y la de indigencia al 13% de la población, aclara el académico de la Universidad de Chile Dante Contreras.

Un dato que, por lo mismo, le hace pensar que la prueba para el ex canciller estará dada "por lo que pueda hacer en cuanto a desarrollar y potenciar la oferta pública de prestaciones sociales y profundizar en una mejor focalización, un proceso que requiere articular toda una estructura muy compleja y que aun así ha avanzado significativamente durante la actual administración".

Pero con una recuperación aun frágil del crecimiento económico y de las confianzas, ¿es viable plantearle un desafío como erradicar la pobreza en Chile en cuatro años?

Aunque estima que siempre es bueno como objetivo de política trabajar por eliminar la pobreza de ingresos, el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, plantea que en un período de gobierno es difícil lograrlo, porque el dato así lo demuestra: si se considera la elasticidad pobreza-crecimiento, con un crecimiento parejo del 4% para el año 2020, aún habría un 5% de pobreza o más, asegura.

"El crecimiento económico explica casi dos tercios de la reducción de la pobreza, por lo que es un objetivo fundamental para una mayor equidad social. Sin embargo, hay nichos importantes de población en condiciones de vulnerabilidad que no se ven beneficiados directamente por el crecimiento económico. Me refiero a personas que por edad, enfermedad, condiciones familiares, territorios particulares en los que residen u otras circunstancias no pueden emplearse. Es necesario tener programas que se focalicen en ellos", anota Irarrázaval.

Una opinión que comparte el experto en política social de la Escuela de Gobierno de la UAI, Julio Guzmán, crítico de ese tipo de metas que, advierte, dejan entrever una mirada estática de la pobreza, como si las personas en esa situación fueran siempre las mismas. "Sabemos que existe una dinámica fuerte de salida y entrada desde y hacia la pobreza. Más importante es generar pilares robustos que permitan construir una red efectiva de protección en momentos difíciles (coyuntura) y para superar condiciones estructurales de pobreza sin castigar a quienes logran mejorar su condición económica, lo que requiere gradualidad en el retiro de los beneficios", dice.

Por eso, el economista sostiene que si hay algo en lo que Moreno puede aportar en la meta de avanzar hacia un país con menos pobreza es en el ámbito de la gestión, por cuanto "esto requiere combinar políticas económicas y sociales adecuadas y articuladas. Políticas económicas que implican impulsar el crecimiento inclusivo, mejorar la competencia en los mercados (por ejemplo, de la salud y los remedios) y generar las condiciones para el emprendimiento".

Una mirada que comparte el oficial de investigación de la Iniciativa para la Pobreza y el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI), Diego Zavaleta. "Uno de los retos del MDS es continuar con el trabajo de cambios y profundización metodológica, porque eso entrega una visión más completa de la pobreza, que va más allá de lo que es la pobreza por ingresos y permite un análisis más certero sobre la vulnerabilidad en que se desenvuelven las familias, entender las dinámicas que generan pobreza multidimensional".

La OPHI asesoró al gobierno en la incorporación de la mirada multidimensional en la Encuesta Casen. Por lo mismo, Zavaleta estima clave que el futuro ministro Moreno "asuma el reto de mantener esta metodología y abrirse a nuevas mejoras, pero incluso más importante es que lidere un proceso en que se comience a usarlo para guiar la política pública de su administración".

No está claro cuánto de la decisión de Piñera de sumar al ministro de Desarrollo Social al comité político tuvo que ver con el peso de la figura de Moreno. Para los expertos, sin embargo, la prueba para el ex canciller está en que logre evitar que la agenda social quede supeditada a una agenda pro recuperación del crecimiento como se ha deslizado en sectores del nuevo gobierno.

Entre quienes valoran y esperan una voz más imponente por parte de Moreno está la ex subsecretaria de Evaluación Social del anterior gobierno de Piñera, Soledad Arellano. "La decisión de sumar al ministro de Desarrollo Social al comité político, por un lado, refleja la preocupación del Presidente por la agenda social; por otro, su presencia es garantía de que el bienestar de las personas y los compromisos sociales estén siempre presentes en la toma de decisiones del nuevo gobierno. Se hace concreto que el crecimiento no es una meta en sí misma, sino un medio para mejora la calidad de vida de los habitantes".

Irarrázaval estima que integrar al titular del MDS le da mayor importancia a la política social y una mirada transversal y no residual o sectorial, como ha sido hasta la fecha.

"La señal política de poner a Alfredo Moreno de ministro es interesante. De algún modo, el Presidente está diciendo que no se va a contentar sólo con crecimiento económico si este no va de la mano con desarrollo social. Es importante que tanto el Ministerio de Hacienda como el MDS logren ser efectivamente entes articuladores de la oferta social", añade Guzmán.

En beneficio del derecho a duda, si bien no poco se ha reparado en su designación, los expertos e incluso ex autoridades del área coinciden en que si hay algo por lo cual el empresario podría sorprender es por el ritmo que pueda imprimir a la institucionalidad detrás de una red de prestaciones sociales que demanda al fisco unos US$ 43.000 millones.

Red que, dicho sea de paso, desde 2011 se han ido incrementando de la mano de una potestad casi exclusiva para su ministerio como es la de acceder a una detallada base de datos administrativos provistos por toda la administración pública y que en términos simples funciona como un gran registro ciudadano en extremo detallado.

"Esa es probablemente una de las mejores herramientas con que cuenta un ministro del área social para hacer gestión de excelencia. El acceso a información administrativa, con un equipo técnico idóneo, serio, genera información relevante y muy nítida sobre lo posibles focos de pobreza más dura, más estructural, que requiere una respuesta de política más específica, más eficiente. Para un ministro con el perfil de Moreno llevar adelante mejoras en este ámbito es un desafío posible si logra articular un buen equipo multidisciplinario", afirma Contreras.

¿Qué rol debería jugar el MDS de Moreno en este proceso de recuperación? Irarrázaval lo resume así: "El desafío del crecimiento económico es un tema que rebasa con creces las funciones del MDS... El programa de gobierno de Sebastián Piñera ha definido claramente ciertos ámbitos de focalización como es infancia, personas en situación de calle y otros. Debe haber un adecuado equilibrio entre políticas focalizadas y universales, porque habrá núcleos de pobreza dura que necesitan atención especial, pero también se requieren políticas universales que otorguen un mínimo de condiciones sociales básicas a toda la población".