El 70% de las mujeres en prisión sufre agresiones de su pareja

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Estudio proyectivo de la U. Católica elaboró perfil de la comunidad penal femenina, compuesta por 3.672 internas.




"Era alcohólica. Mi ex pareja tenía una botillería y de tantos problemas que teníamos comencé a beber. Él consumía cocaína. Pegarme era poco, me desfiguraba. A los 27 años me separé. Lo había pasado tan mal que tras una vida encerrada atendiendo a quien no me valoró, quise querer vivir la vida loca. Pero me fui al extremo".

V.C. (30) fue condenada a cinco años y un día de prisión por robo con intimidación. Su buena conducta permitió que al cumplir dos años y medio al interior del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín saliera en libertad, con firma semanal.

"Fue esa vez la única que lo hice. No me acuerdo de nada. Consumí mucho alcohol, cocaína y pastillas. Llevaba tres días de corrido", recuerda sobre el hecho por el cual fue detenida junto a una amiga.

Hoy, desde afuera, con trabajo tras una ardua búsqueda, reconoce el gran desafío que tiene por delante: recuperar a su hijo de 8 años, que está con el padre, retomar la relación con el mayor de 17 y crear vínculos con su bebé de 3, a quien dejó en manos de su madre al mes de su nacimiento.

Estudio al perfil

Hasta el 31 de agosto de 2017, un total de 3.672 mujeres conformaban la población penal en régimen de control cerrado del país. El 9% de las personas privadas de libertad. Una mujer por cada nueve hombres.

De acuerdo con el informe "Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres Privadas de Libertad en Santiago", elaborado por el Instituto de Sociología de la Universidad Católica y las fundaciones San Carlos de Maipo y Colunga, efectuado con una muestra de 225 mujeres privadas de libertad, un alto número de ellas ha sido víctima de agresiones o vulneraciones.

El 62% de los casos de internas analizados reporta algún maltrato durante la infancia. En adultez, el 70% reconoce agresiones de su pareja, que en un 77% ha estado o está presa. Su contexto parental no difiere mucho. Casi tres de cada cuatro tuvo algún familiar privado de libertad (ver infografía).

Según la directora ejecutiva del Programa de Estudios Sociales del Delito de la U. Católica, Catalina Droppelmann, en una sociedad machista como se reconoce a la chilena, estas mujeres "no solo transgreden la ley, también transgreden la expectativa social de lo que se espera que sea su comportamiento". El comportamiento delictual al que acuden, indica, revelaría una represión estructural y patriarcal que oprime especialmente a las mujeres de clase baja. "Esto se ve de forma patente en la población penal femenina, dado que para estas mujeres existen muy pocos roles disponibles", asegura la experta.

Eso se reflejaría, según Droppelmann, en los principales delitos en que se involucran: hurto y tráfico de drogas. "La mujer que comete hurto comienza a los 14-15 años y tiene un porcentaje más alto de victimización. En muchos casos, la única instancia en que se sintió valorada por algo fue en el robo", advirtió.

La mujer vinculada a la ley de drogas tiene una historia distinta, según la académica. Su actuar estaría más relacionado a un tema laboral, aunque también representaría su rol social. "Trabajar en el hogar es más compatible con los roles de cuidado que debe cumplir. Paralelamente a ello, reciben ingresos y generan una mejora material en la familia", dijo.

Para Marcelo Sánchez, abogado y gerente general de San Carlos de Maipo, es relevante considerar que el involucramiento delictual de estas mujeres se dio a través de familiares. En ese sentido, destaca el rol que cumplen en el núcleo parental, y principalmente con los hijos. "Si no trabajas con ellas la interrupción delictual, el niño tiene altísimas posibilidades de desarrollar carreras delictivas", subraya, al considerar que el intervenir a la madre aumenta las probabilidades de interrumpir la transmisión intergeneracional del delito.

"Tenemos que darnos cuenta de que cada vez que criminalizamos a una mujer, hay un niño detrás. Los menores de 14 años no tienen una oferta especializada y muchos de ellos terminan bajo el cuidado de la familia, quienes en su mayoría estarán en el circuito delictivo", sostuvo.

Según Sánchez, el costo social de mantener a una mujer en prisión es muy alto. Estima que "se deben fortalecer aquellos factores que apoyen el desistimiento y dotarlas de mejores habilidades parentales, incentivar que terminen su escolaridad y habilitarlas para que puedan tener un oficio". Para esto último cree prioritario la "eliminación automática de antecedentes penales" una vez cumplen su condena.

"Las mujeres no pueden encontrar trabajo ni reunificar a sus familias. Los empleadores lo primero que hacen es mirar sus antecedentes", enfatiza.

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