Aborto: Gobierno se niega a objeción de conciencia institucional

En medio de organizaciones pro vida y partidarias del proyecto de despenalización voluntaria del embarazo se inició el debate sobre uno de los proyectos más controvertidos del Gobierno, el que permite poner fin a la gestación por tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, presentó la iniciativa a los 13 diputados de la comisión de Salud. "Son tres causales y, en cualquier otra hipótesis, el aborto continuará siendo ilegal", afirmó.

Carmen Castillo, ministra de Salud, explicó que en la propuesta se permite la objeción de conciencia del médico a no realizar el procedimiento. Sin embargo, enfatizó que ese acto es "individual. No es posible que los establecimientos de salud sean objetores (…). Reconocer en una persona jurídica el derecho a ser objetora de conciencia, legitimaría marcar una pauta valórica y que la imponga a sus trabajadores", respondiendo así al planteamiento del rector de la UC, Ignacio Sánchez, quien dijo que si hay profesionales que quieran efectuar estas cirugías en la Red UC, pueden irse laborar en otro lugar.

Castillo dijo que no hay datos disponibles sobre abortos clandestinos, añadiendo que la estadística general sobre embarazos, señala que 32 mil de ellos termina en aborto, por diversas causas.

En tanto, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez -quien abandonó la sesión antes de iniciar el debate parlamentario-, dijo que los prestadores (clínicas y hospitales) serán los encargados de explicar a las mujeres las características de la cirugía y deberán informar, por escrito, alternativas a esta interrupción, sin tratar de influirla o convencerla.

Por su parte, la ministra del Sernam, Claudia Pascual, añadió que la evidencia indica que "no es necesario que la mujer se esté muriendo para interrumpir el embarazo", y agregó que "nos parece pertinente poder resguardar el procedimiento y mecanismo para que se garanticen las prestaciones de salud. Sería complejo que no se diera, sería irresponsable no generarla, ya que es lo que provoca abortos clandestinos".

Parlamentarios

Sobre las diferencias que genera la iniciativa entre los parlamentarios, el diputado Juan Luis Castro (PS) dijo que "esta es una oportunidad para buscar dentro de la excepcionalidad, de tres causas especificas, cuándo es posible o no una interrupción antes del cuarto mes de embarazo".

Ante la causal de violación el diputado Matías Walker (DC), dijo que "se debe hacer un acompañamiento a las mujeres abusadas".

Asimismo, la diputada de Amplitud, Karla Rubilar, aseguró que su sector está a favor de la idea de legislar, "sin embargo, hay muchas dudas. Por ejemplo, cómo se va a diagnosticar la inviabilidad fetal, cuál será el procedimiento en caso de violación, ¿se deberá denunciar obligatoriamente?, ¿se deberá hacer el examen médico legal al menos?. Y ¿por qué la objeción de conciencia es sólo de médicos y no de matronas y enfermeras matronas?".