Aborto: reglamento de acompañamiento no estará listo dentro del plazo legal

Este sábado se cumple la fecha que tenía el Ministerio de Salud para elaborar la norma que hace operativa la ley, pero aún no es enviada a Contraloría.

La ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales -riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación-, promulgada el 13 de septiembre pasado y publicada en el Diario Oficial 10 días después, estableció en un artículo transitorio el plazo para hacer exigibles las prestaciones del programa de acompañamiento. Dicha dictación “deberá tener lugar en el plazo de noventa días, contados desde la publicación”, expresa el documento. Es decir, el 23 de diciembre.

Sin embargo, la ministra de Salud, Carmen Castillo, dijo que el documento ingresará a Contraloría, para visar su legalidad, a más tardar mañana, por lo cual restaría aún por lo menos un mes de trámites legales para su publicación.

“El reglamento de acompañamiento estaría terminado en estos días, tenemos plazo hasta el 22 de diciembre para tenerlo terminado e ingresarlo a Contraloría para su tramitación definitiva”, dijo la secretaria de Estado.

Según la normativa que despenalizó el aborto, el programa de acompañamiento es un derecho que tienen las mujeres que se encuentren en alguna de las tres causales para realizar un aborto, “tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, que comprende el tiempo anterior y posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso”.

La normativa especifica que ese programa incluirá “acciones de acogida y apoyo biosicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y se activarán las redes de apoyo”, lo que debe ocurrir sólo si la mujer lo autoriza.

Sociedad civil

Tras la discusión parlamentaria de la normativa, se estableció que, a parte del acompañamiento que hará el sistema público, la madre podrá solicitar que ese programa se realice por alguna organización de la sociedad civil, “las que deberán estar acreditadas mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Salud, todo ello conforme a un reglamento dictado al efecto”.

No obstante, cumplidos los 90 días, y por la falta del conocimiento público de dicho reglamento, no es posible conocer cuáles son esas organizaciones inscritas, sus márgenes de acción y quienes podrán o no efectuar ese acompañamiento desde la sociedad civil.

La diputada (Ind) e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Karla Rubilar, explicó que el espíritu de la ley apuntó a que el hacer exigible las prestaciones una vez dictado el reglamento o decreto, buscaba que en ese período ya se hubiesen superado todos los trámites, incluido el de Contraloría.

“El espíritu de la ley fue que tuviéramos un reglamento vigente 90 días después de promulgada la ley; la intención era que entrara en vigencia rápido. Llama la atención la demora, ya que en su ausencia las prestaciones no se pueden entregar como corresponde, hay desconocimiento de parte de los equipos, y son las mujeres las perjudicadas”, dijo.

Preocupación que comparten otras organizaciones, como Chile Unido y la Asociación Chilena de Protección a la Familia (Aprofa). Verónica Hoffmann, directora ejecutiva de Chile Unido, dijo que “es lamentable que haya una demora en poder conocer ese reglamento. Luego de un debate de tres años, en que se estableció que la mujer recibiera contención y acogida, finalmente no se le está entregando. Me preocupa porque como organización no podemos entregar algo que hemos desarrollado por 18 años”.
Debora Solis, directora ejecutiva de Aprofa, añadió que “las dramáticas situaciones de las tres causales siguen ocurriendo en el país no esperan la llegada de un reglamento. Nos parece preocupante que la ciudadanía no tenga información aún de cómo acceder a este derecho”.

La diputada Rubilar agregó que “se están vulnerando los derechos de las mujeres, por la falta de prolijidad y del reglamento dentro de los márgenes de la ley”.

El diputado Juan Luis Castro (PS), integrante de la Comisión de Salud, manifestó que “es un retardo inexcusable, ya que el Minsal sabe que la toma de razón de la Contraloría demora y va a dictar el decreto en el límite del plazo, lo cual obviamente retrasa aún más la puesta en régimen del reglamento”.

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