BID advirtió en 2015 debilidades de Chile para enfrentar desastres

De acuerdo al análisis, el país obtuvo un nivel de cumplimiento “insuficiente” sobre las condiciones de gobernabilidad para la gestión del riesgo. El informe subraya que aún no se aprueba el proyecto de ley que moderniza a la Onemi y recalca falencias normativas que, entre otras, establezca responsabilidades.

Con el objetivo de identificar vacíos en el marco jurídico, institucional y presupuestal que puedan existir en los distintos países seleccionados, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) diseñó el Indice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en gestión del riesgo de desastres (IGOPP), indicador con el cual mide variables relacionadas con las políticas y acciones que se puedan tomar ante una emergencia.

En su última versión, que data del año 2014, el organismo internacional reveló que de los 11 países latinoamericanos incluidos en el análisis, Chile se ubicó sexto con un nivel de cumplimiento promedio de 28,57%, considerando los distintos componentes medidos, quedando por debajo de países como México (62,21%), Colombia (58,1%) y Perú (51,6%). El resultado nacional equivale a un nivel “insatisfactorio de condiciones de gobernabilidad para la gestión del riesgo, según los niveles de calificación establecidos para el índice”, señala el informe.

Advertencias

Si bien el documento fue publicado en 2014, el BID reveló un año más tarde sus conclusiones y recomendaciones específicas para Chile, documento en el que incluyó una serie de advertencias sobre debilidades normativas y falencias locales para enfrentar este tipo de catástrofes.

Entre ellas, se destaca que a pesar de que tras el terremoto de febrero de 2010 se llegó a un consenso sobre la necesidad de cambiar la estructura institucional ligada con el riesgo y los desastres (Onemi) y se elaboró un proyecto de ley, “sin embargo a la fecha no ha sido aprobado ningún nuevo instrumento jurídico que reemplace la estructura actual”.

En efecto, la iniciativa legal que pretende establecer un sistema nacional de emergencia y protección civil y que ingresó al Parlamento en marzo de 2011, sigue en segundo trámite legislativo en el Senado.

En tanto, el informe del BID, si bien reconoce que “en el país existen instituciones para el estudio y monitoreo de casi todos los fenómenos naturales como Sernageomin, Ovdas, la Dirección Meteorológica de Chile, la Dirección General de Aguas MOP, el Servicio Hidrológico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y el Centro Sismológico Nacional, sin embargo las debilidades normativas llevan a un marco institucional que no alcanza un nivel adecuado de cobertura e integración de la información sobre amenazas y vulnerabilidades”.

Añade, en este sentido, que la falta de un marco normativo e institucional impide el desarrollo de procesos suficientemente profundos de evaluación del potencial de amenaza, destacando que justamente en términos de identificación y conocimiento del riesgo (IR) el estudio arroja un 19% de indicadores cumplidos.

En cuanto a la información de vulnerabilidad y especialmente territorial, que permita pasar de la información estadística a criterios integrados que faciliten la toma de decisiones, el BID afirma que es “insuficiente en el país”.

En relación al componente de “Protección Financiera”, el informe muestra para Chile un nivel ubicado en el rango “bajo”, con un cumplimiento del 5%, considerando que si bien cuenta con la autorización para utilizar recursos del presupuesto anual para la atención de emergencias, hasta por un monto no superior al 2% del gasto aprobado por la Ley de Presupuestos, “el país podría diseñar e implementar una estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres que incorpore varios instrumentos de retención y transferencia del riesgo, con el fin de complementar los instrumentos vigentes”.

Sobre este punto, añade que “en relación a la existencia de fondos habilitados para financiar actividades ex ante, el país dispone de disposiciones presupuestarias que le permiten asignar recursos a dichas actividades, pero no con Fondos para dicho propósito”.

Además, revela que “no se encontró evidencia de la existencia de incentivos presupuestales para que las unidades de gestión territorial y los ministerios de los diversos sectores implementen acciones específicas en gestión del riesgo de desastre”.

En tanto, e insistiendo con falencias normativas, el documento de 2015 resalta que “se puede aseverar que la falta de una legislación moderna y habilitadora -en el sentido de que fomente la participación y establezca responsabilidades- se convierte en un sensible factor de limitación para un avance más sostenido en lo existente, y para un abordaje más claro en donde los avances son menores o inexistentes”.

Advierte además, que el Plan Nacional de Protección Civil del 2002 “fue aprobado por un decreto, pero de forma indicativa. Esto le da un carácter de recomendación y no es de cumplimiento obligatorio tanto para la Onemi como para otras dependencias sectoriales”.

Con todo, el informe recuerda que una misión de la ONU en 2010 evalúo que “el marco normativo e institucional respecto a la reducción del riesgo de desastres está muy atomizado, constituyéndose no como un cuerpo de normas e instituciones articuladas entre sí, sino más bien como un conglomerado disperso de compartimentos estancos (…) No existe una normativa sistémica en torno a la gestión del riesgo de desastres, al igual que no existe una gestión del riesgo integral”.

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