El complejo abanico de opciones que podría destrabar el reajuste

"Acá hay dos intransables: debe haber reajuste y tiene que hacerse en un marco de responsabilidad fiscal". Esta fue la declaración realizada ayer por el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, al día siguiente de que el Ejecutivo sufriera una estrepitosa e inesperada derrota en el Congreso, que impidió establecer el reajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos a partir de diciembre.

Según indicaron parlamentarios del oficialismo, la única novedad que han recibido desde el gobierno en las últimas horas fue la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de no insistir en el proyecto ya rechazado, y que un veto aditivo sería enviado al Congreso la próxima semana, probablemente el martes.

Lo que sí queda más o menos claro, pese a la inexistencia de una nueva propuesta desde el Ministerio de Hacienda, es que el reajuste de 3,2% no se moverá, lo que solo permite un abanico cerrado de alternativas para poder lograr un consenso tanto con los parlamentarios como con el sector público.

Las opciones

Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que aún podría haber alguna novedad respecto del guarismo propuesto, sobre todo mirando las sorpresas que pudiese proporcionar el INE cuando dé a conocer el IPC de octubre, el mismo martes 8 de noviembre.

Esto, porque una cifra inflacionaria muy alta en dicho mes podría dar un nuevo impulso a las negociaciones por un mayor reajuste, dado que modificaría las expectativas sobre el poder adquisitivo que tendrían realmente los trabajadores durante 2017. Ahora, por el lado contrario, una sorpresa a la baja en el IPC podría moderar la postura de rechazo al proyecto, toda vez que el reajuste real sería mayor al actual. A septiembre, el IPC acumula un 3,1% en 12 meses, con lo que el reajuste en términos reales alcanzaría hoy el 0,1%.

Más allá del porcentaje, parlamentarios de la Nueva Mayoría adelantaron que una de las alternativas que esperan se concrete es una nueva propuesta que pueda congelar los sueldos a empleados fiscales que reciban más de $ 4 millones líquidos mensuales, lo que implicaría una baja de $ 800 mil respecto de lo establecido en el proyecto de ley, y $ 400 mil menos que la última propuesta ofrecida por Hacienda en la negociación fallida en la comisión mixta.

Con todo, esta no es una opción sencilla, ya que si bien permitiría subir los bonos ofrecidos a los empleados de menores ingresos, significaría que miles de trabajadores no tendrían un reajuste, y una merma en su poder de compra. Según cálculos presentados en la comisión mixta, bajar el tope de sueldos que reciben el reajuste en $ 300 mil perjudica a cerca de 3.400 trabajadores.

Además, senadores que participaron en la última negociación advirtieron que congelar los sueldos "no es gratis", ya que retira incentivos para que profesionales capacitados opten por trabajar en el aparato público. La otra cara de la moneda es que este mismo ejercicio libera en torno a $ 2.500 millones para repartir mediante bonos.

En este sentido, el diputado Enrique Jaramillo (PPD), quien participó de la comisión mixta, sostuvo que "lo más factible es poder llegar a los $ 4 millones (para congelar sueldos), con eso podríamos haber entusiasmado a los empleados fiscales", aunque añadió que "la cosa se pone un tanto difícil de parte de quienes han logrado, en base a sus propias negociaciones, los sueldos altos, pero hay algunos que creemos que la prioridad la tiene el que gana menos".

Sumándose a esta postura, el diputado DC Patricio Vallespín agregó que "el guarismo el gobierno no lo va a mover. Habrá un ajuste quizás con los bonos y el bloque que queda congelado, pero no podemos someter al país todos los años a esta discusión del reajuste".

A su vez, el diputado Pablo Lorenzini (DC) afirmó que es necesario resolver el reajuste más allá del presente año, lo que daría mayor margen de negociación al gobierno y también evitaría negociaciones anuales de reajuste.

Otra opción que se manejaría es destinar parte de los recursos del Presupuesto 2017 a un mayor reajuste para el sector público. De acuerdo a Jaramillo, "con prorrogar dos de ocho hospitales que se ven para el próximo año, alcanzamos US$ 100 millones, que es lo que necesitábamos para alcanzar $ 120 mil de bono de término de conflicto".