Desistimiento de causa penal por lucro

La Fiscalía decidió archivar las causas por lucro que pesaban sobre distintas universidades del país sin levantar cargos. Pese a que ello era esperable -ya que no existe la tipificación del lucro como delito-, los procesos se prolongaron durante cinco años, afectando la reputación de las universidades cuestionadas y fue el contexto bajo el cual se cuajó la agenda de reformas educativas del gobierno que hoy se discuten en el Congreso.

Dada la forma en cómo se desarrolló la educación superior privada en nuestro país, en donde las universidades creadas a comienzos de los años '80 se financiaban únicamente con recursos privados, con la incertidumbre de un sistema que recién comenzaba y agravado por el hecho de que en Chile existe una escasa tradición filantrópica -fuente de enormes recursos para planteles universitarios en otras latitudes-, el sistema se organizó de modo que la banca pudiera tener ciertas garantías. Así, por ejemplo, financiar a empresas inmobiliarias y de servicios en lugar de instituciones sin historia alguna, cuyo riesgo era mayor, tenía sentido. Bajo este esquema, la universidad mantenía el requisito de ser una institución sin fines de lucro y pagaba un arriendo a una empresa inmobiliaria que, naturalmente, buscaba un rédito. Una figura como la descrita es perfectamente coherente con el marco legal. Por ello no sorprende que, en más de 35 años, ninguna institución universitaria ni sus propietarios hayan sido llevados a la justicia o sancionados por este tipo de situaciones.

Por cierto, lo anterior no implica que pudo haber eventuales abusos a través de empresas relacionadas, buscando extraer excedentes de los proyectos universitarios vía contratos cuyos precios no correspondían a los que prevalecen en el mercado. Sin embargo, de haber existido casos, ellos parecen haber sido excepciones y no la regla general como líderes estudiantiles y políticos han querido instalar. Esa errada percepción ha sido la base de la agenda "anti lucro" que el gobierno ha llevado al Congreso y que ha hecho más compleja la reforma a la educación superior, que no logra consensos y que hará más difícil el funcionamiento de los planteles, sin que se aprecien mayores beneficios. Dicha agenda también ha tenido consecuencias en la educación escolar. La obligación de constituirse como corporaciones sin fines de lucro -requisito que como informó este medio un 40% de los establecimientos aún no cumple, pese a que el plazo expira a fines del presente año- y forzar a la compra de la infraestructura -lo que ha desviado la atención de los sostenedores a temas administrativos por sobre la calidad de la enseñanza- son ejemplos de aquello.

En definitiva, y tal como lo demuestran los resultados de las diligencias judiciales, el gobierno partió de un diagnóstico errado para proponer su agenda regulatoria en el sector educacional. Será tarea de la próxima administración reordenar prioridades de modo de mantener la flexibilidad y autonomía que requieren las instituciones educativas y, al mismo tiempo, promover que los recursos vayan en beneficio de la calidad de la educación que reciben los estudiantes.