Director de Laureate para la Región Andina: "A Chile entramos por la puerta ancha y no por la ventana"

Hay temas de los que no puede hablar. El “período de silencio” que impone la estricta normativa estadounidense a toda empresa que se abre a la Bolsa en ese país prohíbe a cualquier representante de Laureate International Universities referirse al informe financiero que la corporación presentó para este efecto y donde detallan en extenso la situación de los planteles que el grupo controla en Chile.

Con esta condición, el español Jesús Villate, director ejecutivo de Laureate para la Región Andina, accedió a dar una entrevista para enfrentar la polémica que se generó tras revelarse el contenido de ese documento. Conoce bien la realidad local: es miembro de las juntas directivas de las universidades Andrés Bello, de Las Américas, de Viña del Mar, así como de la Escuela Moderna de Música y del instituto AIEP, donde fue rector.

“Son empresarios norteamericanos que están invirtiendo una cantidad de recursos muy grandes en el país y, por lo tanto, por algún lado están sacando el lucro”. Eso dijo la ministra de Educación, Adriana Delpiano, al conocer el informe financiero de Laureate en EE.UU. ¿Qué responde a esa afirmación?

Sus palabras son inapropiadas y reflejan un desconocimiento profundo respecto de cómo operan la ley y la normativa chilena, de hecho me parece que la ministra debiera valorar que en Chile existan inversiones en educación y no verlo como algo negativo. Es lamentable que la ministra nos acuse de algo ilícito cuando no existe tribunal ni entidad alguna que respalde dichas afirmaciones. Creo que una autoridad debe ser responsable y sólo puedo entender esta declaración en un contexto político en el cual la ministra está presionada por diversos grupos que buscan imponer su postura en el proyecto de reforma. Lo diré con total claridad: Laureate cumple la ley vigente en Chile.

La ministra dijo que pedirá una reunión urgente con el Comité de Inversiones Extranjeras. ¿No fue esa instancia la que  autorizó el ingreso del grupo al país?

Efectivamente, hemos firmado con el Estado de Chile seis contratos de inversión extranjera regulados por el Decreto Ley 600 con tres gobiernos distintos. En cada oportunidad esos contratos fueron precedidos de solicitudes formales de autorización de la inversión extranjera, en las cuales informamos desde el primer minuto nuestra forma de operar como miembros de las universidades y prestando servicios a éstas, ello desde el año 2001. Esos contratos fueron firmados en los gobiernos del ex Presidente Ricardo Lagos, el anterior mandato de la Presidenta Michelle Bachelet y del ex Presidente Sebastián Piñera. Nadie puede sorprenderse o alegar desconocimiento respecto de Laureate o de cómo es su relación con las universidades. Entramos por la puerta ancha y no por la ventana.

¿Qué opina del llamado que hizo el diputado Giorgio Jackson a que los alumnos no se matriculen en las universidades de Laureate?

Algunos parlamentarios no están buscando proteger a los estudiantes, sino imponer un modelo ideológico determinado para el sistema de educación superior. Incluso, el diputado al que usted alude ha hablado de cerrar universidades, ¿sabe lo que eso significa? ¿Qué ha pasado con estudiantes de universidades recientemente intervenidas? ¿Cómo pueden ser tan irresponsables para comparar a esas universidades con la Unab o Udla? Una cosa es buscar cambiar una regulación y otra muy distinta es directamente buscar sacrificar a alumnos y sus familias para ello. Me interesa ser bien claro: hoy las universidades que conforman la red no tienen posibilidad alguna de ser cerradas. Las comunidades deben estar tranquilas.

Pero de implementarse plenamente la reforma de gratuidad, con la eliminación de créditos y la eliminación de sistemas de contratos con empresas relacionadas ¿ustedes pueden adaptarse financieramente? ¿No se verán obligados a retirarse del país?

En Chile tenemos un compromiso con las comunidades de cada institución y ese compromiso es de largo plazo. Pese a la campaña del terror en nuestra contra, llevamos años construyendo grandes universidades, por lo que un cambio regulatorio per se no es algo que vaya a hacernos pensar irnos del país. Dicho lo anterior, ello no implica que no haremos valer nuestros derechos. Nos hemos ganado el derecho de hacernos respetar y eso haremos.

En el caso que les cambien las reglas del juego, ¿están contemplando alguna acción legal contra el Estado? 

Vamos a usar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para hacer respetar los derechos de los estudiantes, de las instituciones y de Laureate. Llevamos bastante tiempo pensando en los diversos escenarios, tenemos todo documentado para ello. Si existe alguna regulación que discrimine a las instituciones que conforman la red y a sus estudiantes, así como también si se busca afectarnos y se incumplen los compromisos suscritos entre el Estado y nosotros, por supuesto que es algo que tenemos contemplado hacer.

¿Fines de lucro?

Lo que ha estado en controversia son los servicios que vende el controlador, Laureate International, a los planteles nacionales, por concepto de derechos de propiedad intelectual, servicios de gestión, apoyo en diseño curricular y arriendo de bienes raíces.

Primero que todo, quiero aclarar que la Ley General de Educación sólo dispone que las universidades deben organizarse como corporaciones sin fines de lucro y ello significa que éstas no pueden repartir sus excedentes. Nunca una universidad que forma la red ha repartido un peso de excedentes a Laureate, ni directa ni indirectamente. Con eso de base, en Chile es posible que entidades relacionadas presten servicios a la universidad, fue ello lo que permitió que el sistema privado pudiese desarrollarse. Se nos acusa por tener contratos con empresas relacionadas, lo que no constituye un delito en la ley chilena. Somos una red global que agrupa a más de un millón de alumnos en 25 países y ello nos da una escala y experiencia que nos permite desarrollar programas educacionales de alto nivel asociados a proveedores internacionales de prestigio. Dada nuestra escala, esos programas son implementados en las instituciones a un costo conveniente e incluso en algunos casos más bajo que el de mercado. Si no fueran parte de la red de Laureate, las universidades no podrían acceder a ellos. Herramientas como People Soft, Banner, Blackboard, cursos de inglés, capacitaciones, acceso a seminarios, intercambios, etc.

¿Qué monto de utilidades reporta la venta de estos servicios?

En relación a las utilidades de los servicios para el grupo, es un tema al que no puedo referirme, ya que está sujeto al período de silencio impuesto por la SEC (Securities and Exchange Commision).

¿Pero no es esa compraventa de servicios una forma de lucrar como han denunciado varias investigaciones periodísticas?

Aquí no hay nada que denunciar ni nada que alguien haya descubierto. Toda la información ha estado siempre disponible y desde el día uno dijimos que prestábamos servicios educacionales a las instituciones. No hemos hecho nada ni al margen de la ley ni oculto.

¿Cómo explica el informe que encargo la Unab a la auditora Aptitude, donde se pone en duda el beneficio, precio y la existencia de algunos de esos servicios?

Todos los servicios son reales, útiles y a precios de mercado. Es cosa de ver los portales de transparencia de cada institución. El SII investigó a Udla, Unab y UVM, procesos que duraron varios meses y que incluyeron visitas a las universidades, revisión de sistemas, entrevistas. Luego de todo ello, el año pasado este organismo dio por finalizada su investigación, concluyendo que las instituciones cumplían sus compromisos tributarios en relación a estos servicios. Pero ello no fue suficiente para algunos y se buscó un informe hecho por una consultora, el que fue incompleto, de alcance limitado y con opiniones hipotéticas de posibles riesgos tributarios.

Aunque la investigación del Ministerio Público puede ser archivada porque el lucro no está tipificado como delito, el fiscal del caso, Carlos Gajardo, declaró que “constatamos operaciones que pueden ser constitutivas de algún ilícito” en materias tributarias. 

Las declaraciones del fiscal Gajardo no son nada nuevo. En el marco de su investigación ya había oficiado al SII para que éste se pronunciara. Corresponde a Impuestos Internos fiscalizar el cumplimiento tributario y no al Ministerio Público. Llevamos más de cuatro años con esa investigación abierta y desde el comienzo el mismo fiscal ha dicho que investiga un delito que no existe.

El diputado DC Mario Venegas presentó  antecedentes por el dinero que Laureate envía al exterior, acogiéndose a la exención tributaria de las universidades. 

Los antecedentes del diputado Venegas son una interpretación tendenciosa y poco objetiva de la ley tributaria. Lo que hace el diputado es volver sobre lo mismo que el SII ya descartó. No veo por qué alguien puede pensar que con el respaldo y seriedad que tenemos como red educacional global estaríamos buscando evadir de una u otra manera alguna ley tributaria. Ya es hora de que se convenzan de que cumplimos la ley y punto.

Y entonces ¿qué opina de la investigación a la Unab que abrió el Mineduc?

Se basa en denuncias infundadas y las declaraciones recientes de la ministra demuestran que tiene un prejuicio ya formado en contra de Laureate y de la universidad, lo que le quita toda la imparcialidad necesaria para investigar y luego resolver. Es un ejemplo más del hostigamiento de las autoridades hacia Laureate. Los ataques a la Unab han sido tremendamente injustos. Hay pocas instituciones en Chile que tienen ese nivel de plana docente y ese nivel de investigación científica.

¿Por qué si las entidades chilenas son sin fines de lucro, en los informes de EE.UU. ustedes las clasifican como con fines de lucro a efectos de contabilidad?  

Yo no puedo referirme a los temas tratados en el informe enviado a la SEC, ya que estamos sujetos a un período de silencio. Sí es importante que se entienda que Laureate debe respetar la norma contable vigente en EE.UU. y también la ley en cada país donde opera. Una cosa en ningún caso se contradice con la otra. Laureate explica en detalle en el reporte la situación de las universidades en Chile y también deja claro su carácter de sin fines de lucro. Que contablemente la norma las clasifique como entidades de interés variable refleja que lo anterior está considerado.