En El Salvador aprueban nueva ley contra las pandillas

La norma, que contó con el respaldo de 78 de los 84 diputados, es el último instrumento que tiene la administración del presidente Mauricio Funes para recuperar zonas de alto riesgo que están bajo el control de tanto la pandilla 18 como la Mara Salvatrucha.

El gobernante presentó el anteproyecto en julio pasado, poco después que pandilleros de la 18 incendiaran un transporte público, en el que murieron 17 personas.

La llamada "masacre del microbús" replanteó la política criminal de Funes, ya que luego militarizó las cárceles y aumentó el despliegue de patrullas conjuntas entre la policía y la Fuerza Armada.

¿UTILIDAD?
Ley penaliza, por primera vez, a quienes "colaboren" o "financien" una mara o pandilla. El objetivo es neutralizar las fuentes de financiamiento cuyo origen está en la extorsión que administran las dos pandillas en barrios de la capital y en el interior del país.

El magistrado Carlos Sánchez le dijo a BBC Mundo que "las maras pasaron de ser grupos que se dedicaban a una violencia de baja intensidad, excluidos socialmente, a constituirse en una parte importante del crimen organizado local".

"La ley de proscripción es un esfuerzo importante que debe apoyarse siempre y cuando se mantenga dentro de los límites constitucionales", consideró.

En tanto, el jefe policial del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), Douglas García, en declaraciones a BBC Mundo, advirtió que "si bien es una nueva herramienta, lo beneficioso habría sido impedir que las pandillas sigan ganando territorios y que la ley restrinja el reclutamiento de más niños, y la utilización de ellos en delitos graves".

Los diputados acordaron que los menores identificados como miembros de pandillas sigan siendo juzgados con la ley actual.

PROBLEMA ESTRUCTURAL
Los representantes de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), que aglutina a varias organizaciones no gubernamentales, objetaron el espíritu del documento.

Para estas instituciones, el problema de la violencia en el país es estructural y las soluciones deben ser menos coyunturales.

Durante las administraciones de los ex presidente Francisco Flores y Antonio Saca, ambos gobiernos aplicaron las leyes de "mano dura", pero no disminuyeron el fenómeno de las pandillas.

La magistrada Doris Rivas opinó "que si bien hay que responder a la demanda ciudadana, hay que hacerlo de manera integral".

"Una parte tiene que ver con la parte penal y otras con la prevención, las políticas de inserción, rehabilitación y de fortalecimiento de la familia", añade.

En ese sentido, el viceministro de Seguridad Henry Campos explicó a BBC Mundo que el planteamiento original abarca otras dos propuestas para reformar el Código Procesal Penal y crear una ley de rehabilitación.

"Nosotros pensamos que debía haber una separación clara entre el crimen organizado como delito y la pertenencia a las pandillas y grupos de exterminio en particular", dijo Campos.

EL DOCUMENTO
El punto de fricción durante los dos meses de debate fue el concepto "grupos de exterminio", que el poder Ejecutivo pidió incluir en la prohibición.

A fines de los años 90 un comando de exterminio social autodenominado "Sombra negra" asesinó a miembros de la MS13 en el este del país.

Y, durante el último año, algunos de los asesinatos de jóvenes siguen el patrón de aquel grupo cuya identidad nunca fue revelada.

"Existen suficientes condiciones de realidad para regular lo relativo a los grupos de exterminio; primero, porque hay evidencias de algunos informes de la Procuraduría de Derechos Humanos", esgrimió el viceministro Campos.

Al final, el documento reza que "son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras tales como las autodenominadas Maras Salvatrucha, MS13, pandilla 18, mara maquina, Mao Mao".

Asimismo, son ilegales "las agrupaciones, asociaciones y organizaciones criminales tales como la autodenominada Sombra Negra".

Pero el ahora diputado y ex militar Antonio Almendáriz, del Partido de Conciliación Nacional (PCN), argumentó que "el Código Penal ya establecía penas y existen otras normativas como la ley del crimen organizado, la ley contra actos de terrorismo, que ya daban herramientas".

"Pero el presidente quería una ley especial y ahora allí la tiene. Hoy solo falta que funcione", enfatizó.