Gobierno de Cristina K interpone denuncia penal contra gremio de los camioneros

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, oficializó la presentación contra Hugo y Pablo Moyano, por amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de servicios públicos".




El gobierno argentino presentó hoy una denuncia penal contra los líderes del poderoso sindicato de camioneros que realiza una huelga que está causando severos problemas al suministro de combustibles.

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, "presentó una  denuncia en el Juzgado Federal en lo Criminal Número 9 contra Hugo y Pablo  Moyano (padre e hijo, líderes del gremio de camioneros) por amenazas, coacción  agravada y entorpecimiento de servicios públicos", señaló el Centro de Información de la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia que estará a cargo del juez federal Sergio Torres se basó, entre otros, en el artículo 194 del Código Penal que se refiere a una  "situación de peligro que impida o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes".

A la vez, el gobierno le impuso una multa de cuatro millones de pesos (880.000 dólares) al sindicato de los choferes de camiones por no haber acatado una resolución oficial para suspender la protesta, llamada conciliación  obligatoria.

El sindicato, con unos 250.000 afiliados, reclama un aumento salarial de 30% en el marco de las denominadas negociaciones paritarias con las patronales, supervisadas por el gobierno, y exige la disminución del impuesto a las ganancias.

Hugo Moyano anunció anoche que la huelga de camioneros que afectaba la distribución de combustibles se extenderá a otras estratégicas  ramas de la economía, como la distribución de alimentos y el transporte de granos, y que incluirá una marcha frente a la Casa Rosada.

Las bencineras estaban agotando sus existencias esta jornada mientras los automovilistas realizaban largas filas para abastecerse en niveles racionados.

Hugo Moyano, también líder de la central sindical peronista CGT, de ocho millones de afiliados, amplió su controversia con el gobierno de Kirchner tras haber sido uno de sus principales aliados durante el primer mandato (2007-2011).

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