La Moneda enfrenta los fantasmas del caso bombas

Dentro de las carpetas con informes de coyuntura e inteligencia que Andrés Chadwick le entregó a Rodrigo Peñailillo en el proceso de cambio de mando del Ministerio del Interior en febrero pasado,  había un apartado especial que aludía a una serie de antecedentes recopilados sobre el tema "bombas". Para entonces -según señalaron autoridades de la época- ya había preocupación por la posibilidad de un recrudecimiento de los atentados explosivos e incendiarios perpetrados por grupos antisistémicos.

El temor se fundaba en informes de inteligencia que daban cuenta de un hecho que escapaba a la lógica con la que habían actuado hasta entonces los grupos anarquistas: ya no se trataba de un aparato incendiario lanzado al interior de una iglesia o de un rudimentario y artesanal artefacto explosivo en un cajero automático o en las cercanías de una unidad policial o de Gendarmería. El 11 de diciembre de 2013, cuatro jóvenes armados habían asaltado una sucursal del BancoEstado en Pudahuel. Uno de ellos, Sebastián Oversluij, murió alcanzado por los disparos del guardia de seguridad, mientras otros dos delincuentes fueron detenidos más tarde por la policía. Por primera vez, había un intento por conseguir financiamiento a través de un asalto bancario, dinero que, según los informes policiales, podría ser usado en nuevas acciones.

La inquietud se agudizó menos de un mes después, cuando, en enero de este año, durante un nuevo aniversario de la muerte de Matías Catrileo -un joven estudiante universitario que falleció mientras participaba en la ocupación de un fundo agrícola en 2008-, tres nuevos aparatos incendiarios aparecieron en Temuco acompañados de panfletos en los que también se leía el nombre de Oversluij, muerto en el asalto de Pudahuel.

Así, entre los antecedentes traspasados a las nuevas autoridades había dos inquietudes que quedaron plasmadas en los informes: se estaban produciendo acciones -al menos una- presumiblemente para conseguir financiamiento y, segundo, se daban los primeros indicios de una conexión entre los movimientos anarquistas y reivindicaciones mapuches.

Desde entonces hasta la fecha, 21 artefactos explosivos han sido instalados en la Región Metropolitana, aunque sólo ocho han detonado, lo que habla de la precariedad de estas acciones. Aún así, la cifra inquieta a las autoridades de Interior -hoy encabezado por Peñailillo- y las policías, pues se trata de la tasa más alta que se ha registrado desde 2005, cuando comenzó esta seguidilla de ataques. Además, entre esa fecha y 2014, a nivel nacional, se registran 295 incidentes, con un peak de 45 casos en 2008, seguido de 2009 y de 2013, con 41 casos cada año.

Pero hay algo más que preocupa. El atentado al vagón del Metro del 13 de julio pasado en la Estación Los Dominicos en la Línea Uno marcó un antes y un después: nunca se había registrado un bombazo en un medio de un transporte con pasajeros. Veintidós personas iban a bordo del carro del Metro y sólo la fortuna permitió que éstas alcanzaran a bajar en la estación terminal antes de que estallara la bomba.

Según la tesis que manejan la policía y el Ministerio del Interior, lo más probable es que el artefacto debía explotar tiempo después, cuando el Metro ya no estuviera en servicio. Pero el sistema de relojería, adosado a un extintor de incendios lleno de pólvora negra y unos tarros de gas butano, de esos que se usan para las cocinillas de camping, era tan precario, que bien podría haber estallado varias estaciones antes, con quizás cuántos pasajeros al lado.

El inédito modus operandi alertó a La Moneda, que decidió hacer uso de la Ley Antiterrorista para perseguir a quien resulte responsable del bombazo. Sin embargo, la acción no fue disuasiva y, en días posteriores, hubo una bomba incendiaria en la Iglesia Santa Ana y otro explosivo que no detonó frente a un jardín infantil en el centro de Santiago.

A continuación, una seguidilla de avisos  falsos -algunos de los cuales generados por alarma de la población- han obligado a evacuar en dos ocasiones el Metro y a movilizar a efectivos antibombas del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros a distintos puntos de Santiago y regiones. La alerta pública obligó, además, al gobierno a solicitar el jueves 31 un inédito fiscal exclusivo, Christian Toledo, -antes sólo se había recurrido a la  figura de un fiscal preferente- para unificar las distintas investigaciones.

El escenario no sólo hizo aparecer en La Moneda el fantasma del denominado caso bombas que marcó la gestión del ex titular de Interior Rodrigo Hinzpeter, y que terminó en octubre de 2012, cuando 13 acusados por asociación ilícita terrorista fueron sobreseídos definitivamente y sólo seis sospechosos llegaron a juicio oral, siendo posteriormente absueltos.

"Cuando fuimos gobierno y enfrentamos a estos grupos, dirigentes y parlamentarios de la Concertación y el PC prefirieron aprovechar la situación para criticar y hacer oposición al gobierno antes que enfrentar con seriedad, decisión y visión a estos grupos anarquistas", señaló el ex ministro Andrés Chadwick, quien sucedió a Hinzpeter en el cargo.

Una alta una fuente de La Moneda -que prefirió reserva de su identidad- sostuvo a Reportajes que el actual escenario supone un "problema, pero no una crisis", para las actuales autoridades. No obstante, reafirma que la coyuntura será utilizada por el gobierno para reforzar las atribuciones de los organismos de inteligencia -como la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que hoy dirige Gustavo Villalobos, a la que se pretende dotar de capacidad operativa- y las de las policías.

Desde Interior, Peñailillo y el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, se han reunido en los últimos días a lo menos en dos ocasiones con las policías, el director de la ANI y los fiscales para coordinar nuevas medidas ante la falta de resultados en las investigaciones.

El gobierno ha terminado por avalar la tesis sustentada por las policías de que se trata de cerca de 30 personas las que estarían involucradas en los atentados explosivos e incendiarios de los últimos años. Estos operan en grupos de cuatro a seis personas sin vínculos jerárquicos y cuyas acciones no están sujetas a planificaciones exhaustivas ni evaluaciones posteriores, lo que las hace bastante impredecibles. Es usual, además, que en cada "acción directa" cambien de nombre, en recuerdo de mártires anarquistas propios o incluso italianos o españoles.

La idea de que se trataría de los mismos autores del caso bombas también ha tomado fuerza entre las actuales autoridades, lo que abre un flanco político por las fuertes críticas realizadas a sus antecesores, donde desde la oposición se les acusó en ese entonces de "montaje".

"No estamos hablando de grupos que vienen de cero. El gobierno ha identificado ya algunos nombres y rostros de antes", afirmó otra alta fuente de La Moneda.

CAMBIO DE AGENDA

Aún incipiente es un debate que -al menos en Palacio- ya toma velocidad: fortalecer los organismos y la gestión de inteligencia a todo nivel.

La discusión, en todo caso, se prevé compleja, debido a las reticencias de un sector del oficialismo crítico de este tipo de labores en general, pero especialmente a la postura de los movimientos sociales que califican estas prácticas como ilegítimas y represivas.

La irrupción de la seguidilla de atentados terminó por modificar la agenda de La Moneda en seguridad pública, según admiten las actuales autoridades.

En septiembre, el grupo de ocho abogados expertos, liderados por Juan Pablo Hermosilla y convocados por el gobierno para revisar la Ley Antiterrorista, deberán entregar un primer informe.

Aunque -de acuerdo a personeros oficialistas y dirigentes de oposición- la labor fue encargada con la perspectiva de derogar la normativa -cuestionada por organismos internacionales-, el recrudecimiento de los atentados incendiarios y explosivos de grupos ácratas obligó a un giro hacia la modernización de la ley.

Uno de los aspectos sensibles, por ejemplo, a la revisión del "dolo directo", modificación que se realizó bajo el mandato de Sebastián Piñera y que eleva los estándares para la aplicación de la Ley Antiterrorista al reconocimiento del imputado a la generación de "terror".

En las reuniones de las autoridades con la policía y los fiscales realizadas esta semana también quedó establecido que el gobierno impulsará cambios a la ley de inteligencia. De hecho, un equipo de interior ya comenzó a trabajar de manera exclusiva en este tema y las primera luces de esta labor serán dadas a conocer por Peñailillo mañana ante la comisión especial de Seguridad Ciudadana del Senado.

"Los juicios se ganan con pruebas y el  problema que hemos tenido es que las técnicas de inteligencia no han permitido prevenir estos delitos, y el sistema de seguridad ha sido incapaz de probar en un juicio la tesis respecto de la participación de determinadas personas", afirma el senador PPD y ex subsecretario de Interior  Felipe Harboe.

Así, las modificaciones apuntan a introducir en la normativa técnicas investigativas que están presentes en la ley antidrogas y de lavado de dinero, como uso de informantes pagados, agentes encubiertos, testigos protegidos, escuchas telefónicas, entre otras prácticas comunes hoy en la lucha contra el narcotráfico.

Para el abogado Mauricio Daza, defensor de Pablo Morales en el fallido caso bombas, "son absurdas las justificaciones de las policías y del fiscal nacional para explicar que no haya resultados concretos a partir de sostener que la ley no les entregaría facultades suficientes. Esto es falso. El tenor de la ley de conductas terroristas y de la ley de inteligencia del Estado facultan a los organismos policiales para hacer interceptación telefónica, de correspondencia y hasta hacer infiltración bajo requerimientos mínimos y que no se condicen con un estado de derecho en forma".

Una de las modificaciones que se elaboran con mayor reserva en el Ministerio del Interior y que augura una dura polémica es la de dotar a los órganos de gobierno de mayores capacidades preventivas e investigativas, es decir, una reformulación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para darle facultades operativas.

Estas modificaciones estarían listas para ser presentadas en dos semanas en el marco de la presentación del Plan Nacional de Seguridad del gobierno.

La ANI hasta ahora sólo puede hacer análisis a partir de fuentes abiertas y coordinar la eventual información residual que resulte del trabajo de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Las modificaciones apuntan a permitir a sus agentes operaciones de infiltración, interceptación telefónica y seguimientos, entre otros.

El debate no se prevé fácil. Primero se debe superar la resistencia que genera en amplios sectores de la izquierda el recuerdo de los organismos de seguridad de Pinochet, como la Dina y la CNI. Pero el oficialismo tiene sus propios fantasmas en las actuaciones de la llamada "La Oficina", que en los años 90 buscó desmantelar al FPMR y al Lautaro.

"Chile tiene que superar el trauma de la dictadura y entender que tenemos  que contar con un sistema de inteligencia que no dependa exclusivamente de las policías", dice Harboe. En la misma línea se manifestó el diputado DC Gabriel Silber, quien sostuvo que "tenemos una agencia de inteligencia muy precaria respecto de sus facultades y debemos discutir en serio cómo tener una agencia de inteligencia robusta, con facultades operativas y que efectivamente anticipe conflictos y entregue información eficaz, en este caso, contra el terrorismo".

Esas posturas se matizan en el sector más progresista de la Nueva Mayoría, donde aunque no se explicita se alude a la polémica experiencia de "La Oficina".  "Darle más facultades a la ANI es distorsionar su rol, que es la reunión de antecedentes y de información para tomar adecuadas decisiones en el ámbito público, pero no para reunir información ajena a las policías", comentó el diputado PC Hugo Gutiérrez.