La Moneda pide a autoridades adelantar salida si postulan al Congreso

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Instructivo del gobierno fijará fin de mes como fecha de renuncia, y no el plazo legal de agosto. Medida afecta a seremis, directores de servicios y de empresas públicas, entre otras autoridades.




Por primera vez, desde que la DC resolviera el 29 de abril llegar con su candidata presidencial, Carolina Goic, a primera vuelta presidencial, coincidieron ayer en La Moneda los máximos líderes de la Nueva Mayoría con los ministros políticos de gobierno en el marco del comité político.

Según algunos de los presentes, en la cita los partidos ratificaron el compromiso con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet -en medio del temor de La Moneda a un posible desmarque de la agenda del Ejecutivo-, pero desde el sector que respalda la candidatura de Alejandro Guillier (PR, PS, PPD y PC) reiteraron la inviabilidad de llegar a un acuerdo parlamentario con la DC tras la decisión de dicho partido.

"Claramente vamos en camino a dos listas parlamentarias, una lista de Guillier y una de Goic", dijo a la salida el presidente del PR, Ernesto Velasco.

La declaración se produce luego de que, en entrevista con La Tercera, el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, dijera que "es posible

tener un pacto de apoyo mutuo en la segunda vuelta y, ojalá, un acuerdo parlamentario".

En el comité, el presidente del PS, Alvaro Elizalde, le pidió precisión sobre sus declaraciones.

La intervención de Eyzaguirre, así como las declaraciones que la semana pasada emitió el titular de Interior, Mario Fernández, señalando que como DC votará por Goic, generaron ruido en el oficialismo. Así, ayer algunos timoneles aprovecharon de pedir a los ministros precisiones sobre el criterio de "prescindencia" fijado la semana pasada por la propia Bachelet a sus ministros.

De acuerdo a algunos de los presentes, en el comité Fernández anunció que el instructivo que prepara La Moneda no solo delimitará las normas de prescindencia en campaña electoral, sino que fijará un plazo autoimpuesto por La Moneda para que las autoridades del Ejecutivo que quieran competir por un escaño parlamentario deban abandonar sus cargos gubernamentales.

De acuerdo a los presentes, Fernández señaló que la fecha sería a fines de mayo, es decir, casi tres meses antes del plazo legal del 21 de agosto, y que involucrará a gobernadores, directores de servicios, de empresas públicas, seremis y otros.

La medida, según fuentes oficialistas, busca poner freno a los posibles conflictos que se puedan generar al interior del Ejecutivo entre funcionarios de gobierno que militan en distintas colectividades de la Nueva Mayoría, considerando que es primera vez que el conglomerado se enfrenta a un escenario de dos candidatos presidenciales en primera vuelta.

Respecto de los términos del instructivo, en La Moneda reconocen que no ha sido una tarea fácil de desarrollar, ya que además de los aspectos legales -como no ocupar recursos públicos en actividades de campaña-, el texto deberá incluir también criterios para evitar apoyos de autoridades a uno u otro candidato presidencial.

En la reunión, Fernández habría apuntado a que se busca ir más allá de lo legal, en circunstancias que constitucionalmente los autoridades pueden ocupar sus horarios no laborales.

Así, los dirigentes salieron de la reunión sin una mayor claridad sobre cuál será el criterio final en el instructivo, aunque la mayoría apuntó a que estaría permitida la presencia de autoridades en actos de campaña en sus tiempos libres, pero manteniendo un "bajo perfil" en dichas actividades.

"Todas las autoridades pueden ejercer su derecho ciudadano fuera del horario de trabajo siempre que no lo hagan con recursos público, pero eso no obsta que se va a tomar especial precaución para mantener ecuanimidad en el marco de la eleccion presidencial", dijo el jefe del PS, Alvaro Elizalde.

Velasco, por su parte, señaló que esa prescindencia se logra, "primero (con) no opinar por los diarios del debate político que está en curso. Aquí hay ministros que han dicho cuál es su candidato".

Consultada ayer sobre si se permitirá la participación de funcionarios en actividades electorales, la vocera de gobierno, Paula Narváez, evitó entregar detalles, señalando que "el llamado es al buen juicio y a ir un poquito más allá de lo que se establece jurídicamente".

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