Las cifras de aborto con las que el Gobierno rebate a Chile Vamos ante el TC

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Un anexo clave, presentado junto al escrito del Ejecutivo, explica la realidad chilena: en 11 años se ha formalizado a 378 mujeres por interrumpir su embarazo, 148 fueron condenadas y esta "persecución y sanción penal" no ha incidido en los más de 322.814 egresos hospitalarios por aborto en el sistema de salud público y privado en la última década.




Probar que el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales no es la puerta al aborto libre. Éste es el eje argumental de la defensa con que el Gobierno rebate el requerimiento de diputados y senadores de Chile Vamos que buscan en el Tribunal Constitucional (TC) que se modifique la ley aprobada en el Congreso Nacional, declarando inconstitucional la iniciativa legislativa de Michelle Bachelet.

Uno de los anexos presentados por el Ejecutivo ante el TC, al que tuvo acceso La Tercera, y que es analizado por los diez ministros de la instancia, es el que mediante cifras da cuenta de "La realidad del aborto en Chile".

"El proyecto de ley en cuestión establece, como se ha señalado anteriormente, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo únicamente en los siguientes casos: que la mujer se encuentre en riesgo vital, y la práctica de la interrupción evite un peligro para su vida; que el feto o el embrión padezca una patología congénita, adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal, o, que el feto sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido doce semanas, en caso de las adolescentes y mujeres mayores de 14 años de edad", dice el anexo en su punto número 1.

Es así como devela que "las cifras que se conocen sobre el aborto en nuestro país demuestran que la prohibición absoluta no ha impedido su existencia, sino más bien ha permitido e incrementado las condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres, incluyendo aquellas que se encuentran en cualquiera de las tres causales que despenaliza el proyecto", explican.

Para ello, el escrito se basa en estadísticas del Ministerio y la Superintendencia de salud respecto a egresos hospitalarios con diagnóstico de embarazos terminados en aborto. La actualización más reciente, que data de 2014, explica que ese año se produjeron 30.799 egresos por interrupción del embarazo. Al sumar los últimos 10 años de la tabla presentada por el Ejecutivo éstos egresos por interrupción de embarazo suman 322.814.

Un hecho clave, según el anexo, es que pese a la cifra que se concluye en los informes, "éstas se encuentran infravaloradas, pues al existir la prohibición absoluta para interrumpir el embarazo, las niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, incluso aquellas que se encuentran en las causales excepcionales que el proyecto busca despenalizar, no recurren a los servicios de salud como primera opción, dada la exigencia de denuncia frente al delito de aborto".

Criminalización de estas prácticas

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El anexo ingresado por el Gobierno en la tramitación ante el TC, entrega tablas sobre la persecución del aborto en Chile. Citando estadísticas del Ministerio Público explica que "el número de mujeres formalizadas por el delito de aborto y aborto sin consentimiento corresponden a 378 mujeres en once años".

Agrega que "mientras que los casos de mujeres que fueron condenadas por aborto consentido o por aborto sin consentimiento corresponden a 148 casos en once años".

Con todo, dice el escrito, "comparando dichos números con la cantidad de egresos hospitalarios por aboto, cuya actualización más reciente considera un total de 30.799 casos durante el año 2014, es posible afirmar que la persecución y sanción penal no ha sido la herramienta adecuada para el control de la prohibición absoluta del aborto y claramente no es una respuesta adecuada a las niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en las tres causales extremas que el proyecto propone despenalizar".

Para el Gobierno, la comparación de estas cifras de aborto en Chile concluyen que "los abortos existen en un número relevante y que desconocemos cuántas mujeres más han optado por abortos en ambientes inseguros, pues para la mayoría de la población, ésta opción corresponde a la única alternativa que ven, ya que no cuentan con los recursos para viajar a otros países a practicarse un aborto".

Los autores del escrito instan a interpretar estas cifras y asegura que "el proyecto es la invitación a reconocer que la realidad del aborto considera áreas grises, y que es necesario que el Congreso nacional diera el debate por estas tres causales excepcionales", para finalizar señalando que "reconocemos la relevancia de los tiempos también, hace 86 años contábamos con el aborto terapéutico permitido por ley, sin embargo se impuso la prohibición absoluta durante la dictadura… era necesario entonces discutir este tema como país, permitiendo que, de forma democrática, se optara por la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, adolescentes y niñas que se encuentran en alguna de las tres causales que el proyecto despenaliza".

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