Las historias de los deportados por Trump

Guadalupe García de Rayos, de 36 años, no tenía nada que esconder cuando se presentó el pasado 8 de febrero a su cita anual en las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad estadounidense de Phoenix, Arizona. Pero al final de su audiencia y tras revisar sus antecedentes penales, las autoridades decidieron dejarla en custodia y con orden de deportación inmediata a su país de origen: México.

Guadalupe llegó de manera ilegal a EE.UU. cuando tenía 14 años. En Arizona conoció a su esposo, con quien lleva 17 años de matrimonio. Sus dos hijos, Angel (16) y Jaqueline (14), se enteraron que su madre había sido expulsada del país cuando los telefoneó desde Sonora, ya en México. En 2013, Guadalupe había enfrentado una situación similar, pero esa vez y luego de estar varios meses detenida, pudo quedarse en Estados Unidos con la condición de una revisión anual de su caso.

Sin embargo, el estatus de esta mexicana cambió de manera radical una vez que Donald Trump asumió en la Casa Blanca en enero, debido al nuevo plan migratorio que busca deportar a los indocumentados que hayan cometido delitos graves.

"El hecho de que esté deportada no quiere decir que ya dejamos de pelear. Legalmente hay cosas que podemos hacer y se está trabajando en su caso. Por el momento no hay planes de irse porque ella quiere regresar bien a EE.UU. Tenemos confianza que todo va a salir bien", cuenta el esposo de Guadalupe, también indocumentado, a La Tercera.

Esta ciudadana mexicana se transformó en uno de los primeros casos de deportaciones de la era Trump. Desde entonces, la familia García de Rayos ha participado en varias manifestaciones en apoyo a Guadalupe. Incluso Angel y Jaqueline, fueron invitados por los demócratas al discurso de Trump ante el Congreso el pasado 28 de febrero, el mismo día del cumpleaños de su madre.

Después de un mes sin verla, ambos hijos viajaron hasta Guanajuato, la ciudad donde Guadalupe está intentando rearmar su vida. La familia aún está batallando para volver a vivir como solían hacerlo antes: unidos.

Los 11 millones de "sin papeles" que viven en Estados Unidos están preocupados por Trump. Si bien la justicia ha bloqueado los dos intentos que ha tenido la Casa Blanca por hacer un veto migratorio que prohiba la entrada al país a ciudadanos de mayoría musulmana, el Presidente manifestó su intención de seguir la pelea en la Corte Suprema y, paralelamente, reforzó la lucha contra la inmigración ilegal. El 21 de febrero, el gobernante republicano ordenó 10.000 agentes más para el ICE y otros 5.500 para la Protección Fronteriza de EE.UU, además de la creación de la Oficina para la Atención de Víctimas de Crímenes de Inmigrantes. Eso, sin contar con su proyecto de ampliar el muro en la frontera con México. Durante la gestión de Obama se deportó a 2,8 millones de ilegales.

Al mismo tiempo, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, confirmó días atrás que están considerando enviar a distintos centros de detención a padres e hijos si cruzan ilegalmente la frontera. Con esto, se pretende frenar a los indocumentados que ingresan al país. Cada día, las autoridades fronterizas detienen a 840 ilegales.

Un sueño frustrado

Daniela Vargas (22), nació en Argentina, pero a los siete años llegó a Mississippi junto a su familia con una visa que les permitía estar 90 días en EE.UU.. Finalmente se quedaron 15 años. Todo iba bien hasta el 25 de febrero pasado cuando el ICE detuvo a su padre y hermano, ambos indocumentados. Dos semanas después, Daniela decidió dar una conferencia de prensa en Jackson para contar su caso. Cuando iba en el auto de vuelta a su casa, la policía la arrestó y fue trasladada al centro de detención en Lousiana, a cuatro horas de su casa.

La inmigrante argentina es una de las llamadas dreamers, hijos de "sin papeles" que llegaron a EE.UU. siendo niños. Daniela es una más de los 750 mil jóvenes dreamers beneficiados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca) que viven en el país. El Daca, creado en el gobierno de Obama, protege de la deportación a los menores que hayan llegado de manera ilegal antes de 2007 y les permite vivir en el país con un permiso de trabajo que se renueva cada dos años. En diciembre de 2016, Daniela debía pagar US$ 495 para renovar el Daca, pero no conseguía el dinero. Recién en febrero pudo solicitar la renovación del permiso, pero ya era tarde: la protección del programa no estaba activa al momento de su arresto, por lo que está a un paso de ser deportada.

El 10 de marzo, Alan Vargas, hermano de Daniela, fue deportado a Argentina debido a sus antecedentes por violencia intrafamiliar, mientras que su esposa e hijos siguen en Estados Unidos. Daniel, el padre, ha tenido mejor suerte, ya que pudo volver a retomar su vida normal en el país.

Finalmente, Daniela Vargas fue puesta en libertad el 10 de marzo luego de 10 días de arresto, pero su caso sigue en la cuerda floja y será revisado mes a mes.

Coyotes

La mexicana Elvira Sánchez Martínez, de 46 años, ha intentado cruzar dos veces la frontera para ver a su hija que partió a Estados Unidos en forma ilegal en 2007. En ambas oportunidades ha fracasado. La primera vez fue en 2013 y pagó US$ 3.500 a los coyotes, las mafias que ayudan a inmigrantes ilegales a cruzar la frontera. Sin embargo, solo pudo estar en territorio estadounidense por un par de meses antes de ser deportada.

Su segundo intento fue este año, esperando estar para el cumpleaños de su nieta en abril, pero fue detenida por la policía al intentar cruzar por un cerro hacia California. Elvira notó en su último viaje un mayor contingente policial en la frontera y un aumento significativo en la tarifa de los coyotes: US$ 7.500 por cruzar.

"Seguiré intentando, pero me di cuenta que está más duro que antes. Hay más migras (agentes de migración), más vigilancia y menos posibilidades de pasar. Por ejemplo, antes veías una camioneta de migra cada 500 metros y ahora están cada 100 metros", dice Elvira a La Tercera desde el albergue Maná, en Mexicali.

No solo mexicanos llegan de manera ilegal a Estados Unidos. En los últimos años han aumentado los inmigrantes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala. La mayoría huye de la violencia y la falta de oportunidades económicas en sus respectivos países. De acuerdo al Latino Victory Proyect, 54 millones de latinos viven en EE.UU., el 17% de la población total.

Pedro Estrada Leiva, de 38 años, es uno de los tantos guatemaltecos que decidieron emprender el arduo camino para lograr "el sueño americano". Junto a su esposa, María Gracia, decidieron viajar con sus tres hijos, el menor de apenas nueve meses. Vendieron todo lo que tenían para poder pagar los US$ 10.000 que les cobraron los coyotes. El 25 de febrero, llegaron a Mexicali, la última parada antes de EE.UU. Sin embargo, los coyotes dejaron a Pedro y su familia abandonados.

"Unas personas nos llevaron a una iglesia cercana, nos dieron una consulta médica para mi bebé porque la noche estuvo muy fría. A mí me enviaron a un albergue para hombres y a mi esposa e hijos a un albergue para ellos. No me he podido comunicar con ellos desde entonces", dice Pedro, sin saber si podrá cruzar la frontera, como tantos otros.