Ley de Inclusión: los cambios que se vienen este año con la nueva normativa

Durante este período se extenderá el proceso de postulación online a las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos. Además, comenzará a regir un nuevo sistema de rendición de gastos para los sostenedores.

La Ley de Inclusión entró en vigencia el 1 de marzo del año pasado y, con ello, comenzaron a regir paulatinamente el fin del lucro, la selección y el copago. Así, empezó a funcionar el nuevo sistema de admisión sin selección en la Región de Magallanes, lo que involucró a más de 3.358 estudiantes que postularon a través de un sistema en línea a los colegios y fueron seleccionados aleatoriamente.

Este sistema se extenderá este año a las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos, y se aplicará en los niveles iniciales (kínder, séptimo básico y primero medio). Para ello, el Ministerio de Educación ya inició el proceso de actualización de los datos de los recintos educacionales. Los sostenedores deben ingresar el número de rol que entrega el Servicio de Impuestos Internos (SII) por los bienes raíces, lo que permitirá llevar a cabo la georeferenciación, es decir, ubicar con exactitud los colegios en la postulación por internet.

“En la plataforma de postulación el apoderado puede escoger los establecimientos por distancia. Además, la ley dice que, en caso de no quedar en ninguno de los establecimientos a los que postuló, el estudiante será asignado al más cercano a su domicilio que sea gratuito”, dijo Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma educacional. Este último caso se dio en el 2,5% de las postulaciones en Magallanes.

Otro cambio que se viene para los sostenedores se relaciona con la rendición de cuentas. Desde ahora, y de forma paulatina, este proceso se hará con la modalidad de estados financieros. El reglamento que regula esto señala que los colegios deberán entregar “los estados financieros, con todas las operaciones que hagan los establecimientos”.

Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep), señaló que para algunos colegios pequeños, la rendición de cuentas ya es una carga. “La realizan con un contador externo, tienen una secretaria que ve las boletas y hacen el informe final y lo entregan en el SII. Pero con la Ley de Inclusión van a necesitar nuevos profesionales, porque un estado financiero es mucho más complejo. Es una carga administrativa muy alta”.

Para Raúl Figueroa, director de Acción Educar, es necesario rendir los gastos responsablemente, pero el nuevo mecanismo es más engorroso. “El proceso es más complejo y caro, es un gasto administrativo que no se traduce en mejoras a la calidad”, dijo Figueroa.

Al respecto, Mauricio Farías, jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia, señaló que “la implementación de estados financieros será gradual. Tendrá etapas de adaptación, apoyo y capacitación. Además, establece tratamientos diferenciados para los distintos tipos de sostenedores de acuerdo a su capacidad y tamaño”. Añadió que la nueva modalidad representa “un avance significativo en transparencia y gestión en el uso de los recursos”.

El precio de los colegios

Otro proceso que se viene para los sostenedores es la tasación de los colegios, que es la estimación del valor del inmueble donde está emplazado el establecimiento, que debe ser realizada por una empresa bancaria. La Ley de Inclusión define que los colegios que decidan continuar recibiendo fondos del Estado, deberán transformarse en fundaciones a más tardar en diciembre de este año y ser dueño del inmueble en 2023. Excepcionalmente, aquellos que informen su decisión de transformarse antes de junio, podrán arrendar hasta 2027.

Para que los sostenedores puedan comprar el inmueble que actualmente arriendan, podrán acceder a un crédito bancario con garantía Corfo. En este contexto, si es que el sostenedor o la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) impugnan la tasación, se debe formar una Comisión Tasadora. Esta deberá solicitar una serie de documentos e información a los establecimientos, entre ellos, los planos de arquitectura del inmueble, permiso de edificación y un informe de la matrícula promedio de los últimos tres años.

Raúl Figueroa sostuvo que esta información puede causar una distorsión en el valor final del inmueble. En ese sentido, criticó que la tasación dependa también del flujo de matrícula, ya que “eso afecta a las escuelas y puede significar que los inmuebles que tengan un mayor valor, no se les reconozca en la tasación por tener menor matrícula”. Además, remarcó que en caso de que la valoración del banco sea rechazada, “estas definiciones también impactan en la tasación original que hace la entidad bancaria”.

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