La seremi de Vivienda Metropolitana ha enviado a las municipalidades y demás organismos competentes una propuesta de reforma del Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) que incluye el crecimiento de la ciudad en más de 10.000 hectáreas, de las cuales 5.663 son para uso habitacional, y la reconversión de suelo industrial de otras 873 hectáreas con igual fin.

La propuesta vuelve a utilizar el límite urbano como herramienta de ordenación territorial. Esto ha demostrado no ser adecuado y generar efectos negativos. Aun cuando se incorporan criterios ordenadores que mitigan algunos de esos efectos, ello se hace de forma muy general y dejando amplios espacios a la discrecionalidad. Adicionalmente, significa un desaliento a los avances ya realizados para traspasar al sector privado la responsabilidad de desarrollar núcleos urbanos integrales y conforme a criterios de eficiencia social.

Los problemas generados por el crecimiento inorgánico de las ciudades y sus efectos en la calidad de vida de sus habitantes ponen en la palestra la discusión sobre cuál es la mejor forma de definir su extensión y regular su crecimiento.

Históricamente esta tarea ha sido encomendada al Estado a través de los planes reguladores y de la definición del límite urbano de las ciudades. Este límite, sin embargo, ha resultado una pésima herramienta para generar un crecimiento racional y armónico, agregando problemas como el encarecimiento artificial del suelo, la transferencia de rentas injustificadas a algunos desarrolladores inmobiliarios y el traslado de parte importante de los costos de urbanización al resto de la sociedad. 

Una de las motivaciones para ampliar el límite ha sido la escasez de suelo disponible, especialmente para viviendas sociales, lo que ha subido su valor y dificulta el cumplimiento de las metas gubernamentales en esta área.

Debe considerarse, por ejemplo, que cuando se amplía el límite, los propietarios del suelo pueden ver incrementado en varias veces el valor de éste porque se permite ahora edificar viviendas. Sin embargo, parte de ese mayor valor está dado porque la infraestructura -vías urbanas, seguridad, colegios- es financiada por toda la sociedad.

En la propuesta de nuevo PRMS  se obliga a los privados que deseen urbanizar a asumir mitigaciones tales como el desarrollo de las vías de acceso, áreas verdes y equipamiento en salud, seguridad y educación, así como a integrar distintos tipos de viviendas.  Si bien esto corrige parte de las distorsiones, resulta discutible que se mantenga la definición arbitraria del límite y que las exigencias estén establecidas de manera vaga y en algunos casos en niveles excesivos. Por ejemplo, las compensaciones en áreas verdes significan destinar alrededor del 40% del terreno, lo que puede hacer inviable su urbanización.

Para impulsar un crecimiento más armónico de la sociedad, a principios de esta década se establecieron normas que permiten crear verdaderas "ciudades satélites" más allá del límite urbano, como las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (zoduc), donde la decisión queda a la libre opción de quienes desarrollan esas ciudades y, en definitiva, de las personas.  La contrapartida de esa libertad es la obligación de cumplir estándares altos en todos los ámbitos señalados, y de incluir sectores habitacionales de todos los niveles de ingreso para favorecer la integración social.

Lamentablemente, los proyectos presentados para crear nuevas zoduc se encuentran detenidos a la espera de cumplir largas tramitaciones burocráticas -algunos llevarían hasta cuatro años pendientes-, lo que desalienta el uso de esta alternativa que ya ha dado excelentes resultados.

Si bien la ampliación del límite urbano propuesta contiene avances en su formulación, se echan de menos instrumentos más flexibles y el uso de sistemas que no tienen sus inconvenientes, y que favorecen mejores estándares de vida para los habitantes de las nuevas urbanizaciones.