Luis Toledo: "Nadie en el país imaginó lo que había detrás de la causa Caval, ni siquiera quienes la investigamos"

En entrevista con <b>La Tercera</b>, el fiscal regional de O'Higgins dijo que "los antecedentes no han sido suficientes" para levantar cargos a Sebastián Dávalos. Además, aseguró que existe un interés político, del cual él no se ha hecho parte ni tampoco los fiscales que trabajan en la causa.




“Organización, trabajo, esfuerzo y concentración”. Estos son los cuatro elementos que el fiscal Luis Toledo dice considerar como fundamentales para desarrollar su carrera como fiscal regional de O’Higgins y, además, estar al mando de una de las investigaciones más complejas del último tiempo: el caso Caval. En esta causa se formalizará a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, en una audiencia que contempla levantarle cargos a 13 personas por delitos tributarios, soborno y cohecho. Luego de encabezar la cuenta pública de su región, Toledo conversó con La Tercera sobre cómo ha sido llevar esta indagatoria que preocupa a La Moneda.

En este caso han surgido una serie de aristas: ¿no siente que se puede descontrolar el proceso, al conocer tantos antecedentes que apuntan hacia personas importantes?

Toda la ciudadanía se ha dado cuenta que lo que partió el 15 de febrero de 2015 -día de la denuncia ante la fiscalía-, ya venía dando noticia a raíz de la publicación de la revista Qué Pasa. Eso llevaba al menos una semana en la opinión pública y lo recuerdo, porque muchas personas en ese periodo dijeron que esto no era nada, que no había ningún delito y que no había ningún hecho que investigar. Lo digo no con el afán de traer a colación heridas anteriores; simplemente lo digo porque nadie en el país se imaginó lo que había detrás de la causa Caval, ni siquiera quienes la investigamos. Yo partí pensando que los hechos denunciados prácticamente no constituían delitos.

¿Por qué?

Lo que se acusaba era una reunión donde habían personas que no tenían la calidad de funcionarios públicos, que solicitaron un crédito y que el dueño del banco se los había dado. Eso es un acto propio de un particular que puede tomar esa decisión con quienes estime pertinentes. Si habían normas internas que se cumplieran o no, era un tema más que nada  administrativo y no penal.

¿Y qué pasó de ahí en adelante?

Como lo dije el primer día: asumimos un compromiso junto con la asignación de hacer una tarea abnegada y acuciosa, y partimos haciendo ese trabajo con la finalidad de tomar las decisiones pertinentes. Las primeras decisiones fueron incautar (documentos en) la Secretaría Ministerial de Vivienda de la Sexta Región, porque se hablaba de la eventual participación de un seremi. Hicimos múltiples diligencias para esclarecer los hechos. Bajo ese punto de vista, hoy estamos dando un paso ya habiendo acumulado una serie de antecedentes que dan muestra mucho mayor profundidad y, por lo tanto, si me pregunta cómo podemos mantener el centro sin perder las distintas aristas, es por que hay un origen en la causa, el que está en la administración de un Convenio Judicial Preventivo que administró determinados bienes en Machalí y cómo terceros se fueron involucrando con ese proceso de negociación. No obstante, existen aristas tributarias,  denuncias por estafa. Todo  eso se ha ido viendo con paciencia, con pausa, sin prisa.

¿Cómo es investigar un caso que está ligado al corazón de la administración pública, como es el gobierno, donde se está investigando a miembros de la familia presidencial?

Es que es más complejo sólo por el interés mediático. Por que si usted saca ese ingrediente, que es efectivamente la importancia de la familia que se ve involucrada, y lo lleva al contexto de cualquier otro ciudadano chileno, que no tenga esa vinculación, no tendrá mayor inconveniente. Hemos intentado avanzar sin considerar quién es la persona que está involucrada, y creo que lo complejo es que de eso se intenta dar un interés político.  Vincularlo no sé a qué: a la próxima elección presidencial, al destino, a la impresión que tenga la ciudadanía respecto del actuar de la Presidenta. No nos enredamos en esos detalles, simplemente nos abocamos al trabajo técnico.

¿Siente que hay personas que quieren sacarle provecho político a esta investigación?

Más que provecho político, hay un interés político evidente. Lo único que intentamos, con mucha humildad y gran seriedad, simplemente es esclarecer el hecho, sea quién sea el investigado. Por eso es que a mi me sorprende que muchas veces los avances de esta causa se tiendan solamente a comparar con el resultado del delito de una persona. Como es el señor Sebastián Dávalos. El ha declarado en la causa, sin embargo, los antecedentes reunidos no han sido suficientes para atribuir cargos en su contra, y no hay un interés de quitar imputaciones, simplemente de analizar los antecedentes técnicos.

¿Llevar esta causa le afectó en su candidatura a fiscal nacional?

Yo espero y estimo que no, aunque  yo estoy muy conforme con la decisión que se tomó. La persona elegida, el fiscal Jorge Abbott, cuenta con todos los méritos para ejercer el cargo, y tiene trayectoria en la institución.

Se dijo que lo querían en la unidad de drogas de la Fiscalía Nacional...

Yo tengo un cargo del cual he completado seis años. Me quedan aproximadamente dos años y medio para ejercerlo. Y si se ha dicho que yo puedo formar parte del equipo del fiscal nacional, y si él decide o quiere contar con mis servicios porque puedo ser útil, eso se verá en su oportunidad (...). No hay ningún interés económico, sino profesional por hacer más grande la Fiscalía de Chile.

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