Parlamentarios presionan para que Mineduc suba fondos por gratuidad

Molestia causó no sólo en los sostenedores la decisión del gobierno de incluir en el proyecto de Ley de Presupuestos una glosa que apunta a congelar los recursos que se entregan para financiar la subvención de gratuidad. Los parlamentarios oficialistas hicieron ver su disgusto ayer en el Congreso tanto a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, como a su par de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

El enojo de los senadores y diputados se debe a que con esta medida se incumple lo establecido en la Ley de Inclusión, dejando la subvención por gratuidad en $ 8.393 y no realizando el incremento de $ 2.398 para 2018 que iba a permitir llegar a $ 10.791 mensuales por alumno (de acuerdo a la Unidad de Subvención Escolar 2017).

La inquietud de los parlamentarios se debe, además, a que no fueron "advertidos" de lo que estaba sucediendo y debieron enterarse el sábado por la prensa, según comentó uno de los senadores. A esto se suma, dicen en el oficialismo, que el Ejecutivo estaría presionando para que la mencionada glosa sea aprobada en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, que comenzará a revisar la partida de Educación la próxima semana. Esa instancia está compuesta por los senadores Carlos Montes (PS) y Ena von Baer (UDI), además de los diputados Alejandro Santana (RN), Daniel Farcas (PPD) y Roberto León (DC).

Aunque el gobierno tiene mayoría en la subcomisión, no todos los parlamentarios oficialistas que la integran han asegurado su voto. El diputado Farcas señaló que "quiero plantear este tema mañana (hoy) en el almuerzo de mi bancada para conversar la posibilidad de rechazar, porque es una materia que nos preocupa y estamos esperando respuestas por parte del ministerio. Pero es una decisión que debemos tomar en conjunto, porque yo represento a toda la bancada".

Durante la mañana, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, explicó que "efectivamente se está proponiendo, a propósito de la situación fiscal, postergar en un año el alza (de la subvención de gratuidad)".

Añadió que el gobierno quiere "transmitir la siguiente tranquilidad: que todos los establecimientos que hoy están en el sistema de gratuidad lo han hecho porque los recursos que el Estado ya ha transferido compensan los recursos del financiamiento compartido, por lo tanto, son proyectos educativos que están totalmente financiados".

El presidente de la Conacep, entidad que agrupa a establecimiento particulares subvencionados, Hernán Herrera, afirmó que "ella no entiende cómo funcionan los colegios".

En tanto, la vocera de gobierno, Paula Narváez, también apuntó a que no hay una merma económica en los recintos que reciben la subvención de gratuidad. "Se trata de una postergación transitoria y de un número reducido de colegios afectados", sostuvo.

Durante la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara, los diputados oficialistas y de oposición pidieron explicaciones a la ministra Delpiano y acordaron una reunión especial para el 17 de octubre, con el fin de conocer detalles respecto de la glosa que congela los recursos de la subvención de gratuidad.

"Si bien entiendo que hay restricciones presupuestarias, es una medida que se debe revertir. Los colegios se habían planificado. Es un despropósito lo que se hizo", afirmó la diputada Camila Vallejo (PC).

La ministra no profundizó en el tema y aseguró que no tienen claridad sobre cuántos recintos y alumnos podrían verse afectados por la rebaja de recursos: "No lo tenemos contabilizado ni visto".

Y aunque la titular de Educación le bajó el perfil al problema, afirmando que "son 2.500 pesos mensuales por alumno", hay parlamentarios que aseguran que el tema se tiene que resolver antes de la próxima semana.

Pese a que el Mineduc dice no tener cifras, según los sostenedores, si se consideran todos los alumnos que reciben subvención por gratuidad, incluyendo colegios particulares subvencionados y municipales, los niños afectados serían más de dos millones. Si ese número se multiplica por los $ 2.500 por niño que dice la ministra, se trataría de $ 5 mil millones mensuales y $ 60 mil millones al año.

Además de afectar el presupuesto de los sostenedores que decidieron sumarse a la gratuidad escolar, esta medida también complica a los establecimientos que estaban pensando en dejar atrás el copago. Por ejemplo, la Escuela Francisco Ramírez, de San Ramón, conocida por sus buenos resultados académicos, congeló su decisión, según explicó el director ejecutivo del establecimiento, Rodrigo Giannetti.

"Nuestra institución, efectivamente, estaba evaluando acogerse al régimen de gratuidad a fin de año, con efecto desde 2018. Sin embargo, el incumplimiento de los compromisos originales del Ejecutivo en materia de financiamiento paraliza cualquier decisión al respecto. Lamentablemente, se ha perdido la confianza", afirmó.