Rediseño del programa Becas Chile




EL MINISTERIO de Educación dio a conocer que hará varias modificaciones al decreto que norma el programa de becas de postgrado en el extranjero, Becas Chile. Si bien los cambios apuntan a problemas reales -permitiendo suspender el regreso al país en caso de quienes decidan continuar estudios en el exterior luego de finalizada la beca o flexibilizar los requisitos de regreso, permitiendo adquirir experiencia laboral en el extranjero-, el próximo gobierno debiera repensar este programa, pues el debate en tono a la conveniencia de la gratuidad y el buen uso de los recursos públicos también debiera extenderse a Becas Chile que, con un presupuesto de $ 52 mil millones anuales, financia pasantías, cursos de magíster y doctorados en el exterior.

Un número importante de los beneficiarios reciben becas de magíster de carácter profesional (abogados, sicólogos, ingenieros, etc.), cuyos beneficios para quienes los cursan son muy superiores a los bienes públicos que dichos estudios generan al país. En efecto, parte de las presiones eran para poder extender su estadía de modo de emplearse en el extranjero. En estos casos, más que gratuidad, convendría un sistema de créditos que, entendiendo que existen problemas de liquidez, permita acceder a los recursos necesarios y luego devolverlos con cargo a sus mayores ingresos. Adicionalmente, se podría condonar parte de la deuda en caso de que los becarios vuelvan al país a desempeñarse en sectores donde sí signifiquen un aporte significativo al país, como por ejemplo en el sector público o en regiones. Este es el mecanismo que instauró Colombia hace algunos años.

Amplios sectores del país han rechazado la gratuidad de la educación superior por considerarla una política poco equitativa, ya que va en beneficio de unos pocos afortunados que logran alcanzar dicho nivel. De acuerdo a la encuesta Casen 2015, quienes tienen posgrados corresponden a menos del 1% de la población y sus ingresos promedio son el doble de quienes poseen un título profesional, por lo que dicha inequidad es aún más patente.

Un aspecto más complejo son los estudios vinculados a la investigación, típicamente doctorados y también ciertos programas de magíster, que tienen una vocación pública más clara. Probablemente la mayor dificultad que se observa aquí es que cerca del 40% de los candidatos a doctor asiste a universidades que no están entre las mejores del mundo. En dichos casos, queda la duda si no sería más conveniente potenciar los proyectos de formación de investigadores en universidades locales. Desde luego, existen otros beneficios de cursar estudios en el extranjero, como generar redes y aprender otro idioma, pero es debatible si dichos beneficios más que compensan los costos para el país. Una selección -y financiamiento- que esté más ligada a las universidades y al sector productivo sería más eficiente, toda vez que una de las principales críticas de los becarios es que a su regreso existe poco campo laboral.

Nuestro país necesita más investigación y capital humano avanzado, pero también tiene otras necesidades; por ende, debe priorizarse adecuadamente cómo se distribuyen los recursos. En ese sentido, créditos para programas profesionales y un rediseño de aquellos vinculados a la generación de bienes públicos parece un modelo más razonable.

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