Reforma a educación superior




Señor director:

Muchas réplicas he leído por este medio a las declaraciones del rector de la Universidad de Chile. La gran mayoría de ellas proviene de académicos o directivos de universidades privadas que se defienden señalando su vocación de servicio público y enalteciendo su misión de educar a quienes las universidades del Consejo de Rectores dejan fuera por bajos puntajes.

Me gustaría agregar un par de contrapuntos a los principales argumentos esgrimidos acá. En primer lugar, me parece complejo que fondos públicos se destinen a alumnos que con sólo poner su nombre en la PSU entran a estudiar a una universidad. Sabemos de los escándalos que genera saber que algunas universidades privadas aceptan a futuros profesores con menos de 350 puntos, o que alumnos que aún no terminan cuarto medio ya estén inscritos en algunas carreras.

Por otra parte, me parece muy débil el argumento según el cual el Estado debería destinar más fondos a los planteles privados, ya que éstas acogen a los alumnos de los quintiles más bajos. Si este argumento fuera correcto, ni la Universidad de Playa Ancha ni la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación tendrían los niveles de deserción que existen entre el alumnado por falta de recursos.

Finalmente, estoy de acuerdo con que no es posible echar en un mismo saco a las 33 universidades privadas que existen en nuestro país, pero me gustaría saber en cuántas de ellas los alumnos terminan su carrera y tienen altos niveles de empleabilidad, sus académicos han sido elegidos por concursos públicos y tienen estudios de posgrado o sus carreras abarcan un amplio espectro que posibilite una formación integral.

Pablo Aguayo Westwood

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