Senadores rechazan extender plazo a colegios para sumarse a Ley de Inclusión

Comisión de Educación del Senado aprobó, además, opción de que sostenedores puedan arrendar sus inmuebles de manera permanente.

La Comisión de Educación del Senado rechazó este martes la ampliación del plazo para que los sostenedores de colegios particular subvencionado con fines de lucro puedan transformarse en corporaciones y sumarse a la Ley de Inclusión. Un detalle significativo, considerando que el plazo establecido para formalizar ese cambio expira el próximo 31 de diciembre.

Los senadores integrantes de la Comisión de Educación aprobaron la ley miscelánea que ingresó el Ejecutivo, con el fin de favorecer la transición de los establecimientos a la nueva legislación.

No obstante, es casi un hecho que tendrá que ser revisada en comisión mixta, luego que Andrés Allamand (RN), Ena von Baer (UDI), e Ignacio Walker (DC) votaran eliminar el artículo 5 que establecía la opción de retener la subvención de aquellos establecimientos que no se acogieran al cambio legal, pero que una vez cumplido éste trámite recuperarían dichos recursos. En el fondo, una facultad legal que permitía a aquellos sostenedores que no lograran formalizar el cambio de con fines de lucro a corporación antes del 31 de diciembre, pudieran hacerlo en un plazo posterior.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que “la ley miscelánea plantea un conjunto de aspectos que permiten a los sostenedores tomar rápidamente la decisión de pasarse a ser personas sin fines de lucro. Hay una cantidad importante de colegios en esta situación, mil ya eran sin fines de lucro y dos mil han iniciado el proceso o lo han terminado. Aún nos quedan 1.900 colegios que deberán tomar esta decisión de aquí al 31 de diciembre”.

La senadora Von Baer, por su parte, justificó su votó explicando que “lo que el gobierno quería hacer con este artículo 5 es que el cambio de personalidad jurídica fuese inmediato, en enero del 2018, y la razón es porque el 40% de los colegios todavía no ha iniciado el proceso, por lo tanto el gobierno necesitaba una medida de presión para que los establecimientos se transformaran antes del 31 de diciembre y no generar incertidumbre en la comunidad”.

La parlamentaria agregó que ahora las condiciones vuelven a ser las que establece la ley como está actualmente. “Es decir, los colegios que no cumplan se les retirará el reconocimiento oficial porque están en falta grave, pero eso es un proceso, no es inmediato, no es automático”.

El artículo que estaba proponiendo el Ejecutivo aseguraba el cambio, lo de ahora es un proceso que puede llegar a quitar el reconocimiento oficial, y frente a un eventual cambio de gobierno, algunos sostenedores especulan, que podría producirse un cambio de reglas.

El presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particular Subvencionados (Conacep), Hernán Herrera, es más crítico. “Las cosas hay que sincerarlas, quien no sean capaces a constituirse de aquí al 31 de diciembre, mueren como proyecto educativo, se acabo el colegio, y eso nos parece grave porque si hemos llegado hasta esta situación, insisto es justamente por la cantidad de errores que hemos tenido permanentemente en la Ley de Inclusión y en las leyes que ha venido hacia adelante”.

Arriendos

Una indicación presentada por el gobierno permitió la aprobación unánime de la posibilidad de que los sostenedores privados puedan arrendar los inmuebles en que funcionan sus colegios de manera permanente. “De esta forma, mientras el sostenedor no sea dueño del inmueble, podrá mantener dicho arriendo, quedando siempre a salvo la posibilidad de comprar o vender”, explicó el senador Ignacio Walker.

Además, se estableció un procedimiento a través del cual el sostenedor podrá pagar un monto de arriendo superior al 11% del avalúo fiscal, que es lo que establecía hasta hoy la ley de inclusión. Este monto equivale a un precio regulado de mercado. En este procedimiento participará la Superintendencia de Educación y expertos en tasación de bienes inmuebles.

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