SII y CDE reciben antecedentes sobre venta de inmuebles del PC

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Según escrito que consta en la carpeta investigativa, el Ministerio Público envió la información en virtud de la facultad de ambos organismos de querellarse eventualmente.




El fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, remitió al Servicio de Impuesto Internos (SII) y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), los antecedentes de la investigación sobre la venta de los inmuebles que formaban parte del patrimonio del Partido Comunista y que fueron enajenados el 3 de octubre de 2016 para cumplir con la ley de partidos políticos.

En un mismo día, el 29 de junio pasado, el persecutor evacuó un escrito a cada institución. El primero, cifrado como oficio 21233, está dirigido al director del SII, Fernando Barraza, en cuyo enunciado apunta a que están siendo remitidos los antecedentes en virtud del artículo 162 del Código Tributario. Esta norma establece la exclusividad del SII para ejercer querellas por presuntos delitos tributarios.

El documento enviado por el fiscal Carrasco resume los hechos descritos en la querella que los abogados del Partido Regionalista Independiente (PRI) interpusieron el 9 de junio pasado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, libelo que dio origen a la investigación.

En esta se señala que los presuntos delitos que se persiguen en la indagatoria son celebración de contrato simulado, estafa y falsificación de instrumento público.

Del mismo modo, el segundo oficio, caratulado como 21234, está dirigido a Irma Soto, abogada procuradora fiscal de CDE, y se remite en conformidad a la Ley Orgánica del Consejo que también le faculta para ejercer acciones legales. En su enunciado se hace presente que se está investigando a un diputado de la República, Guillermo Teillier, querellado en la causa como representante de la empresa Araucaria SpA (de propiedad del PC), que ejecutó la operación de venta de los inmuebles.

El PC está siendo investigado luego de haber vendido en cuotas su millonario patrimonio inmobiliario a la empresa Progreso SpA, sociedad creada especialmente para esta adquisición y cuyos dueños son un militante de su partido, Ricardo Castro y su socio, Pablo González. El representante legal de la sociedad es un integrante del Comité Central del PC, Ricardo Solé.

Se trata de propiedades que fueron restituidas como indemnización después de haber sido confiscadas tras el Golpe de Estado de 1973 y que el partido rentabilizó a través de diferentes arriendos que se mantuvieron durante largo tiempo, incrementando su patrimonio.

A propósito de la entrada en vigencia de la Ley de Partidos Políticos el PC debía materializar la enajenación de gran parte de estos inmuebles, pues la citada normativa obliga a las colectividades a utilizar al menos dos tercios de sus propiedades para fines propios de la actividad política.

Fue en dicho contexto que los dirigentes procedieron a transferir más de cien propiedades a la citada sociedad Progreso SpA. En la operación se vendió la totalidad de su cartera accionaria de cuatro mil acciones, las que Progreso se comprometió a pagar en 142 cuotas mensuales por 650 UF y un pago único de 25.231 UF pagaderos en 90 días desde la fecha de la escritura.

Las cien propiedades se encontraban valoradas en unos 3.500 millones de pesos, los que luego fueron repactados en pagos mensuales extendidos a diez años.

La fiscalía investiga además la razón por la cual esta venta se realizó en virtud de precios de avalúo fiscal y no comercial.

En ese sentido, el fiscal Carrasco también envió un par de oficios al Congreso,solicitando a ambas corporaciones, Cámara de Diputados y el Senado, la copia de los debates sostenidos en sala a propósito de la citada ley que regula a las colectividades políticas.

En mayo pasado, el presidente del PC, Guilliermo Teillier explicó las razones de la operación. "La decisión de vender las acciones a la sociedad Progreso SpA, es una decisión que se encuentra dentro de nuestras facultades, en cuanto a escoger al mejor comprador según los propósitos fijados por nosotros. En este sentido, en primer lugar, se buscaron compradores que no estuvieran involucrados en operaciones de especulación económica, ni fueran pertenecientes a ningún grupo económico nacional, por lo anterior, no se descartó la venta a personas que tuvieran o pudieran tener cercanía con el PC, pues esta situación no los inhabilita para presentar una propuesta para la adquisición de las acciones", afirmó el jefe del PC.

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