Tres estudiantes expulsados y 22 suspendidos durante dos semestres. Esa fue la resolución original del sumario interno efectuado por la U. Alberto Hurtado (Uah), luego de las tomas que en junio y julio pasado afectaron al plantel y que dejaron más de 30 puertas destrozadas, cámaras de seguridad rotas y siete computadores perdidos. Según informó la casa de estudios, el total de daños fue avaluado en $ 110 millones.

Para la Federación de Estudiantes (Feuah) -en la cual tres de sus cuatro miembros terminaron sancionados con una suspensión por dos semestres, incluyendo al presidente, Gustavo Orellana-, la decisión de la universidad es arbitraria. “Se trata de un intento de individualizar procesos colectivos”, señaló Alexis González, secretario de comunicaciones de la Feuah y único de la directiva que no recibió castigo.

Para el dirigente, la mayor preocupación que hay al interior de la federación son los estudiantes que fueron suspendidos y que posiblemente tendrán que dejar de estudiar, “porque perderán becas y créditos y no tienen la condición económica para costear los aranceles”.

En cuanto al procedimiento llevado a cabo por la casa de estudios, los alumnos criticaron las pruebas utilizadas en el sumario. Según González, “la única prueba que tienen es un parte de Carabineros, del día del desalojo”.

Este viernes, los alumnos sancionados podrán enviar una carta con una apelación. La federación, sin embargo,  anunció que “llegará hasta las últimas instancias para dejar nulo el fallo”, dijo González. Para mañana, de hecho, se organiza una marcha al interior del plantel.

El ex rector de la universidad sacerdote jesuita Fernando Montes sostuvo que algunos de los alumnos suspendidos ahora “son jóvenes que han reincidido, que ya han sido suspendidos. Uno quemó una puerta el año pasado. Las cosas tienen un límite y es bueno que la universidad, si quiere tener calidad,  tenga sus límites. También debe ser firme”.

Desde la institución señalaron que no se referirán al tema, ya que el proceso disciplinario aún no está cerrado, debido a la posibilidad de apelación, este viernes.

Visión de otros planteles

Para Gabriel Iturra, presiente de la Federación de Estudiantes de la U. Central y vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la situación de la Uah “es lamentable. No puede ser que las autoridades tomen decisiones de expulsar a estudiantes por el hecho de movilizarse. No es primera vez que ocurre, pasó el 2014 en la U. Central, cuando la rectoría de esa casa decidió echar a 33 alumnos”.

Otra de las instituciones en donde hubo alumnos sancionados fue en la U. Diego Portales. De acuerdo a la federación, al menos 15 estudiantes fueron investigados, pero sólo uno de ellos terminó suspendido.

Desde la universidad señalaron que la mayoría de los alumnos fueron amonestados -medida disciplinaria aplicada a los estudiantes por contravenir las normas de convivencia- y casi todos apelaron a la decisión. Sin embargo, se mantuvo la sanción.

Sólo un alumno fue suspendido por dos semestres, por amenazas a los guardias de seguridad y por no hacer abandono de la facultad cuando le fue solicitado.

Cristián Acuña, vicepresidente de la federación de estudiantes (Fedep), manifestó que en este último caso el alumno continúa estudiando, hasta que reciba la resolución, lo que podría ocurrir  el próximo año. El fue acusado “de usar la fuerza con los guardias, lo que no sucedió. Como federación ayudamos con la defensoría estudiantil y con el equipo de abogados”.

En otras instituciones no se iniciaron sumarios luego de las tomas. En algunas de ellas se llegó a acuerdos con la rectoría, como en la U. Tecnológica Metropolitana. Allí, según el presidente de la federación, Damián Brito,  “no se abrieron sumarios, porque en la negociación con la universidad se aclaró que no venían al caso”.

Más al sur, en la U. de La Frontera, históricamente se han realizado sumarios “a varios estudiantes, especialmente dirigentes”, dijo Noelia Garrido, presidenta de la federación. Sin embargo, este año no se cursó ningún proceso administrativo.