Venezuela agudiza su crisis política y la OEA denuncia autogolpe

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El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, decidió dejar sin competencias a la Asamblea Nacional de mayoría opositora por "desacato". La noticia ha generado alarma en la región, mientras que la oposición la calificó como un "golpe de Estado" y llamó a las FF.AA. a alzar la voz. A su vez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que se trata de un "autogolpe".




Como Alberto Fujimori en 1992 en Perú, aunque sin tanques en las calles, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro profundizó aún más la crisis venezolana con el "cierre" de la Asamblea Nacional, de mayoría antichavista. El hecho, que generó alarma en toda la región incluido Chile, se gestó después de que la noche del miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiera asumir todas las competencias del Congreso, por persistencia del "desacato" decretado por el TSJ. La sentencia número 156 del alto tribunal señala que mientras persista la "situación de desacato y de invalidez", será esa Corte la que vele por "el Estado de derecho".

El Poder Judicial declaró en "desacato" al Legislativo en 2016 por el incumplimiento de varias sentencias, entre ellas el juramento de tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección fue impugnada por supuesto fraude electoral. Desde enero de 2016, fecha en que la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional, casi todas las decisiones tomadas por el Poder

Legislativo han sido invalidadas por el TSJ, controlado por el chavismo.

El fallo del tribunal fue catalogado como un "golpe de Estado" por la oposición e inmediatamente comparado con el "fujimorazo", el autogolpe y la disolución del Congreso que realizó el entonces Presidente de Perú, Alberto Fujimori.

El titular del Parlamento, Julio Borges, mostró la sentencia y la rompió en pedazos frente a sus seguidores. Además, llamó a las Fuerzas Armadas, hasta el momento leales a Maduro, a no seguir calladas "frente a la ruptura de la Constitución" y a que se conviertan en parte de la "solución de la democracia" del país. Además, insistió en que se estaba frente a "un golpe de Estado" y que "Nicolás Maduro ha perdido credibilidad, por eso lo único que le queda es la fuerza bruta". Al mismo tiempo, llamó a protestar en las calles mañana sábado.

También hubo una contundente respuesta por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien calificó el hecho como un "autogolpe" y convocó de urgencia al Consejo Permanente del organismo. La OEA ya se había reunido el martes para poner sobre la mesa la situación venezolana.

La decisión es un traspié para la oposición y podría ser su "desconocimiento definitivo" según dijo a La Tercera la analista venezolana Elsa Cardozo. Según esta experta, la ley es muy grave y "margina definitivamente a la Asamblea y evidencia definitivamente la ruptura del Estado de Derecho en Venezuela".

El fallo se dio a conocer un día después de que el tribunal le quitara la inmunidad parlamentaria a los diputados, lo que abre la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares. Maduro los acusó la semana pasada de "traición a la patria", un delito que es castigado con penas de hasta 30 años de cárcel. Ello, luego de que el 21 de marzo la Asamblea Nacional apoyara la propuesta del secretario general de la OEA de sancionar al gobierno y activar la Carta Democrática, instrumento que el organismo aplica cuando existe ruptura en el proceso constitucional de un Estado miembro.

Algunos analistas estiman que esto podría ser una reacción al intento de activar la Carta Democrática. El chavismo ha dicho que es una "invasión" a Venezuela. Además, según la agencia EFE, la sentencia surgió como respuesta a un recurso presentado sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta legislación indica que el gobierno, para constituir empresas mixtas, necesita una aprobación previa del Parlamento. Sin embargo, el TSJ resolvió que "no existe impedimento alguno" para que el Ejecutivo constituya este tipo de empresas sin necesidad de que pase por los diputados.

La decisión del alto tribunal venezolano ha provocado preocupación a lo largo y ancho de América Latina. Chile llamó a informar a su embajador en Caracas, y el gobierno peruano fue más allá y decidió retirar de manera definitiva a su embajador en Venezuela por la "gravedad de los hechos".

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez se defendió al señalar que existía un "concierto de la derecha regional" para atacar su "sistema democrático". En esa misma línea, el diputado oficialista Diosdado Cabello, pidió alistarse para "defender" al país ante una eventual intervención militar. "Preparémonos para defender nuestra patria (...) incluso a esta gente de la oposición que está como loca llamando a que intervenga un Ejército", dijo.

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