700 mil menores en situación de pobreza

Los efectos de la pandemia se han dejado sentir en todos los ámbitos de la sociedad, cuyas secuelas nos acompañarán por mucho tiempo. Uno de sus impactos inmediatos, producto de la fuerte caída de ingresos, es el aumento de las familias que han vuelto a caer en la zona de la pobreza, realidad que se amplifica cuando se considera a niños, niñas y adolescentes (NNA), pues este segmento ha aumentado porcentualmente más que el promedio nacional.

Un reciente trabajo de Observatorio del Contexto Económico de la UDP, basado en datos de la Casen 2020, reveló que hay 439 mil menores de 18 años en situación de pobreza, mientras que otros 263 mil viven en condiciones de extrema pobreza. De acuerdo con estas cifras, son más de 700 mil NNA quienes viven en condiciones de precariedad, una realidad que no siempre tiene la relevancia que merece.

Nuestro país ya carga con una pesada herencia en materia de protección a la infancia -el símbolo más evidente de ello han sido las precarias condiciones y situaciones de abuso en que han debido vivir por mucho tiempo los niños del Sename-, y que la pandemia no ha hecho más que agravar. Las carencias materiales, la falta de acceso a educación de calidad, la postergación de controles de salud, el maltrato físico y la falta de una dieta sana van minando las posibilidades de desarrollo personal y alimentan el círculo de la pobreza, y mientras ello se extienda en el tiempo, las secuelas son más duraderas o eventualmente irreversibles.

Desde luego que las políticas destinadas a la protección de la infancia se han expandido a través del tiempo, y en su haber se pueden contar importantes logros, pero los desafíos siguen siendo enormes. Especialmente deben preocupar las carencias en las etapas de la infancia más temprana, pues es allí donde se forjan habilidades intelectuales y afectivas que marcarán para el resto de la vida.

La pandemia vino precisamente a agravar un ámbito fundamental, como es la educación. El cierre de colegios y las clases telemáticas han provocado graves retrocesos en los procesos formativos y de aprendizaje -por de pronto un aumento de la deserción escolar-, con fuerte evidencia de que el rezago ha afectado mucho más a los sectores socioeconómicos más vulnerables, al contar con menos medios materiales y con infraestructura más precaria. La brecha que se abierto aquí traerá consecuencias difíciles de dimensionar, pero constituye un recordatorio de que los colegios que siguen con sus puertas cerradas están dañando las posibilidades de miles de niños.

Los extensos períodos de confinamiento también han llevado a un deterioro de la salud mental -con aumento de los casos de depresión, desánimo o falta de concentración-; preocupantemente también se han incrementado los reportes de casos de violencia intrafamiliar, cuando previo a la pandemia estudios ya indicaban que en torno al 25% de los niños ha sido víctima de violencia física grave.

Las políticas sociales deberán enfocarse fuertemente en los NNA -es un desafío que habrá de enfrentar cualquiera sea el gobierno que asuma-; no hacerlo puede tener graves consecuencias para el país.