AC y pacto transversal

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Foto: AP



Esta columna fue escrita junto a Kenzo Asahi; Pablo Celhay; Diego Gil; Escuela de Gobierno, Universidad Católica de Chile.

Nuestro país se encuentra en un espiral de violencia y enemistad cívica que tenemos que detener. Creemos que aún existe un camino estrecho de salida. Un camino en el cual las demandas ciudadanas son satisfechas, el gobierno llega hasta el final de su período conduciéndolas, y despertamos de este mal sueño en un país mejor.

El movimiento social superó toda la institucionalidad política. No es realista pensar que es posible manejar desde los partidos a un movimiento cuyo relato es que se traicionó al pueblo mediante acuerdos entre cuatro paredes.

Si la movilización no puede ser detenida por los partidos de oposición, la única forma parece ser encauzar esas demandas en una agenda de cambios que responda al malestar de la ciudadanía. Si bien estas demandas no están bien delineadas, las encuestas y los medios permiten entender el sentir mayoritario.

Una de las piedras de tope para un acuerdo es la posibilidad de realizar un plebiscito para definir el mecanismo para un cambio constitucional. La ciudadanía tiene una opción bastante clara. Según la encuesta CADEM, 54% de la ciudadanía quiere Asamblea Constituyente. Según la encuesta de COES, el 75% estima que esa es la mejor forma de reformar la Constitución. No parece democrático negar esta posibilidad a la ciudadanía. Menos cuando las fórmulas alternativas incluyen la participación de una institución tan deslegitimada como el Congreso. Diversos académicos han señalado que si el proceso se lleva a cabo correctamente, no hay por qué creer que el resultado será negativo.

Mucha gente que cree firmemente en la democracia siente que los manifestantes están forzando al país a seguir su agenda. Sin embargo, es importante considerar que sin apoyo mayoritario de la ciudadanía, no estaríamos acá. Si un grupo pequeño estuviera atacando al Estado para conseguir reformas, una mayoría estaría de acuerdo con reprimir duramente, incluso recurriendo al ejército. No es el caso. La fuerza del movimiento está en su masividad. Escuchar a la ciudadanía no es ignorar la democracia, es corregirla. No querríamos tener que discutir bajo amenaza, pero la política requiere concesiones. Cabe recordar que la transición a la democracia también fue discutida bajo amenaza y construída con poco purismo y mucho pragmatismo. Esta nueva transición también lo requiere.

Hay algunas luces. El gobierno ha entregado concesiones importantes y ha mostrado una creciente voluntad a negociar. Si bien sus errores y lentitud han hecho que el conflicto se enrede con la lucha entre carabineros y manifestantes, creemos que aún el foco central está en las demandas. Si bien el Gobierno aún puede dirigir este proceso, ya no es factible realizar concesiones a cuentagotas. Para detener la inercia de las manifestaciones y la violencia que lamentablemente las acompaña, es necesario un paso más radical por parte del Gobierno.

Creemos que la única opción política clara parece ser alinear a las fuerzas políticas en torno al pacto transversal ofrecido por el Presidente, incluyendo sus tres acuerdos. En nuestra opinión, esos acuerdos tienen que cumplir ciertas condiciones. Primero, el Acuerdo por la justicia social tiene que considerar aumentos en salario mínimo y pensiones adicionales que muestren que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo presupuestario. Segundo, en el Acuerdo por una nueva constitución el gobierno tiene que sumarse a la idea de convocar a una asamblea constituyente en el marco de un proceso representativo, participativo y deliberativo. Tercero, en el Acuerdo por la paz creemos que no puede haber un nuevo comienzo si no hay justicia para las víctimas de la violencia de las últimas semanas. Se deben generar mecanismos para asegurar que las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, sobre los ataques a carabineros y al metro se resuelvan de forma rápida y supervisada de cerca por una comisión independiente.

Tan importante como los puntos a promover es la manera en que se comunican. El gobierno debe mostrar que los avances sociales son sólo un comienzo, y que el proceso de deliberación asociado a la nueva Constitución nos ayudará a entender y operacionalizar otras demandas ciudadanas. Por su parte, los partidos de oposición deben valorar los avances obtenidos, reconocer el enorme daño de la situación de caos que afecta al país y efectuar un llamado a sus simpatizantes a dejar de manifestarse para darle tiempo a las reformas.

Más allá del crudo realismo político, creemos que si se escuchan las demandas populares y se realizan los cambios profundos que se demandan, el Chile del futuro puede ser un país más moderno, más inclusivo y más democrático. Más digno.

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