Acuerdo de Escazú

SEÑOR DIRECTOR

No hay un cambio de criterio con relación al Acuerdo Internacional de Escazú; de hecho, Chile lideró en 2012 esta iniciativa, siempre proclive a establecer una "democracia ambiental". Nunca se dijo que no se suscribiría dicho Acuerdo, sino que se informó que se postergaba su firma, lo que da cuenta que el gobierno está actuando con seriedad.

Lo más prudente entonces es esperar y evaluar nuestra legislación interna en la materia, la cual está siendo modificada. A modo meramente ejemplar, en junio de este año se anunció el inicio del proceso de elaboración de la Ley Marco de Cambio Climático. Dicha normativa va a ser construida desde las regiones a través de un proceso altamente participativo, la cual se enmarca dentro de las directrices del Acuerdo de París y está en agenda para ingresarla a tramitación antes de julio de 2019.

Es sabido que al ratificar acuerdos internacionales, éstos pasan a ser ley de la República y los Estados deben amoldar su legislación interna, por este motivo estamos en un proceso de "transe". Si a ello le sumamos lo recientemente ocurrido en La Haya con Bolivia, con relación a los mecanismos de solución de controversias, el Acuerdo de Escazú contempla una cláusula que establece que en relación a los problemas de interpretación, los Estados deben solucionarlos mediante la negociación o recurriendo a la CIJ; ello no puede tomarse a la ligera, sino todo lo contrario, con cautela, luego de haber efectuado un estudio minucioso y acabado.

Carolina Zamar

Profesora de Derecho Privado UC