SEÑOR DIRECTOR
A través del canciller Andrés Allamand y de la ministra Carolina Schmidt, el gobierno ha dado conocer finalmente la decisión oficial de no suscribir el Acuerdo de Escazú. La decisión es correcta, coherente y responsable.
Las razones jurídicas que sirven de fundamento son impecables y contundentes, de manera que entregan un sustento justificado a la decisión. La suscripción del tratado hubiera abierto un espacio a la incerteza jurídica y un flanco a la judicialización internacional, ambas totalmente innecesarias.
Debe destacarse la coherencia del Ejecutivo en esta materia. Desde el 2018 ha sostenido reiteradamente que este acuerdo regional no es conveniente para los intereses del país. Con esta decisión final, se pone término, favorablemente, a una materia de suyo compleja y controvertida.
Solo cabe agradecer la responsabilidad y transparencia con que el Ejecutivo, a través de la Cancillería y Medio Ambiente, han procedido a comunicar esta decisión al país. Estamos todos llamados a respetarla y apoyarla, sin complejos ni mezquindades.
La política exterior chilena y la agenda medioambiental no se agotan en el Acuerdo de Escazú y existen múltiples e importantes desafíos por delante, que necesitan del concurso de todos.
Francisco Orrego B.
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