El "acuerdo" en la discusión previsional

La función del Estado en el sistema previsional ha sido hasta ahora, en lo esencial, desempeñar un rol regulador, imponiendo las restricciones que ha estimado necesarias, desde el punto de vista del interés público, en la gestión de esos recursos sin involucrarse directamente en esa función. Sin embargo, el acuerdo político suscrito entre el gobierno, el PR y la DC para permitir la aprobación en general del proyecto de ley de Reforma Previsional considera extender el rol del Estado, ahora como empresario -administrando fondos-, donde no tiene ventajas comparativas evidentes. Sin embargo, podría construirlas recurriendo a opciones que están disponibles en el mercado, ya sea en compañías de inversión especializadas o personas con el capital humano adecuado para llevar a cabo esas tareas.

Hay un conjunto conocido y limitado de variables que podrían contribuir a aumentar la pensión. Incrementar la cotización obligatoria al 4%, es absolutamente necesario, aunque con una alta probabilidad será insuficiente en el corto plazo, por lo que es indispensable que con el tiempo se incremente al menos al 8%. Otros factores relevantes son el aumento en la edad de jubilación; políticas que tiendan a formalizar el mercado laboral, de tal manera de disminuir las "lagunas" previsionales; iniciativas que incrementen el capital humano de las personas, como mejoras en la educación y sistemas de capacitación; y contribuciones adicionales voluntarias o aportes del Estado en aquellos casos debidamente calificados.

Sin embargo, es la rentabilidad la que explica cerca del 60% de los fondos acumulados al momento de jubilarse, la que tiene mayor incidencia en la pensión final a recibir.

De aquí la importancia de materializar adecuadamente dicho acuerdo político. Lo esencial del tema es cómo hacer más eficiente la gestión de esos fondos, que es lo que afectará directamente el bienestar de los futuros pensionados. Poner el énfasis principal en la repetida frase "ni un peso más a las AFP", como si fuera un principio de fe, no tiene mayor sentido y puede ser contradictorio con el conjunto óptimo de opciones para potenciar la rentabilidad de los fondos. Supongamos, por ejemplo, que este ente estatal, por alguna razón desconocida, administra los dineros previsionales mejor que las AFP, ¿no sería lógico que las personas pudieran destinarle más de su 4% de cotización? O al revés, ¿no sería totalmente sensato que las personas retiraran sus recursos del mismo y los reasignaran a la AFP de sus preferencias?

En definitiva, no parece prudente renunciar al principio de competencia. Si el tema central del acuerdo político es involucrar al Estado en la gestión de los fondos previsionales, la solución más eficiente es crear una AFP estatal que compita en justas condiciones con los proveedores privados, y como dice el antiguo dicho criollo: "En la cancha se ven los gallos (...) y que gane el más mejor".