Acuerdo Nacional por la Infancia

Uno de los anuncios más importantes de esta semana fue el Acuerdo Nacional por la Infancia que entregó la mesa de trabajo convocada por el Presidente Piñera, donde participan parlamentarios de distintas tendencias políticas, ministros y expertos de la sociedad civil. La señal política que se ha dado es contundente: los niños están por sobre las diferencias políticas.

No hay que ser ingenuo para darse cuenta de que este acto es un triunfo para el gobierno. Pero seríamos ciegos si no reconociéramos también que es un triunfo de la clase política, que muestra en los hechos que está a la altura de las circunstancias. Pero más allá de las legítimas ganancias políticas, sería mezquino no reconocer que los grandes beneficiados serán nuestros niños, en especial los niños más necesitados.

Las medidas propuestas por esta mesa de trabajo apuntan, principalmente, a proteger adecuadamente a los niños en riesgo de vulneración de sus derechos o que ya han sido vulnerados.

Con ello se busca, por una parte, prevenir vulneraciones a través de un sistema de alerta temprana y educación preventiva (abuso sexual infantil, drogas y alcohol), y promover el máximo desarrollo de capacidades de los niños a través de acciones oportunas, como por ejemplo educación parvularia universal y de calidad, fortalecimiento de la atención de salud mental infantojuvenil, reinserción escolar, etc. Por otra parte, se busca poner fin a los abusos y maltratos que ocurren en algunas residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename) o familias sustitutas, de las cuales miles de niños han sido víctimas, como Lissette Villa y Ámbar Lezcano.

Para asegurar un proceso y cuidado adecuado de niños vulnerados en sus derechos se propone la creación del Servicio de Protección Especializado; mejorar la derivación y seguimiento de niños y sus causas, entregándoles más facultades a los jueces de familia para reunir antecedentes que ayuden a la toma de decisión; rediseñar los programas ambulatorios del Sename, adecuándolos a las necesidades del niño; potenciar y aumentar la cobertura y recursos para que el modelo de familias de acogida sea una opción prevalente en el sistema de cuidado alternativo; mejorar el cuidado que entregan las residencias avanzando hacia residencias más pequeñas y familiares, separando a los niños por grupo etario pero privilegiando que los hermanos estén juntos, elevando los estándares de calidad y los recursos que entrega el Estado, etc.

Con todo, el acuerdo por la infancia es débil en atacar las causas que llevan a la vulneración de derechos de los niños. La pobreza es una de las principales causas del estrés tóxico, que causa daño cerebral irreparable en los niños, afectando sus oportunidades futuras. La población más afectada por la pobreza en Chile son los niños. Actualmente, el 18 por ciento de los niños se encuentra en condición de pobreza, 50 por ciento más que nuestro promedio nacional y tres veces más que los adultos mayores. Poco ayuda a esta situación nuestra política de transferencia monetaria, que entrega tres veces más recursos per cápita a las familias sin hijos del quintil más pobre que a las familias con hijos.

El mismo desbalance se observa en la política del posnatal, que entrega casi dos millones de pesos brutos al mes a las madres del decil más rico, mientras que las madres del decil más pobre reciben solo once mil pesos mensuales. Una política social que focalice mejor los recursos, permitiría disminuir el porcentaje de niños pobres y con ello el riesgo de vulneración de sus derechos.