Acuerdo político sobre ente previsional

El acuerdo alcanzado esta semana entre el gobierno, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, para aprobar en la Comisión de Trabajo de la Cámara el nuevo Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS) -el "ente", como le han denominado algunos-, ha sido celebrado como un significativo hito político; no solo porque ello debería permitir destrabar la reforma previsional del gobierno, sino porque sugeriría que parte de la oposición -el PPD se abstuvo, lo que fue visto como una muestra implícita de apoyo- estaría flexibilizando su política de obstruccionismo, allanándose a la búsqueda de acuerdos.

A grandes rasgos, el CASS tendrá a su cargo la administración del 4% de cotización adicional que se aprobará en virtud de esta reforma previsional, para lo cual deberá licitar a gestores externos dicha administración, con expresa prohibición de que puedan participar las AFP. El Estado asumirá los costos operacionales del ente -al menos en una primera etapa- , mientras que de los fondos acumulados se cobrará alguna comisión para remunerar a los gestores que inviertan dichos dineros. El Consejo deberá administrar además el seguro de dependencia y el de acompañamiento de niños y niñas, sin perjuicio de otros programas sociales que se puedan ir añadiendo.

Al examinar los alcances de este acuerdo, parece evidente que desde el punto de vista político abre un flanco interesante en la oposición, pues los partidos que fueron eje de la antigua Concertación parecen haber dado un paso en favor de buscar un cierto tipo de articulación entre ellos, y tender puentes con el gobierno -actitud en la que también ha estado el PR-, marcando una distancia con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que se han restado de todo acuerdo con el Ejecutivo.

Es aún temprano para decir que la oposición ha comenzado a separar aguas respecto de las fuerzas más radicales y buscar un nuevo perfilamiento -las profundas diferencias que surgieron en torno al informe Bachelet sobre Venezuela son otro indicio de que ello puede estar ocurriendo-, pero estas primeras señales apuntan en ese sentido.

Pero en cambio es difícil que los alcances de este acuerdo previsional puedan ser considerados beneficios para el país, porque la creación de este Consejo supone un retroceso en cuanto a las buenas políticas públicas que por tanto tiempo caracterizaron a Chile.

La consigna de "ni un peso más a las AFP", sostenida por la oposición, obligó a que una reforma previsional que apuntaba al ajuste razonable de parámetros -incremento de ahorro- y reforzamiento del pilar solidario, entre otros aspectos, terminara consintiendo la creación de un ente innecesario, que duplicará los costos de administración y que excluye injustificadamente a las AFP, que manejan el restante ahorro previsional.

Probablemente el ente tendrá el efecto de aplacar por un tiempo las oleadas reformistas al sistema previsional, y calmar un poco los ánimos, pero el país no quedará con un mejor sistema de pensiones.

Es lamentable que el estado actual de la política desvíe a Chile del camino que le permitió construir instituciones bien orientadas al crecimiento y las buenas políticas económicas.