Acuerdo político por escaños reservados

Es valorable que se haya producido consenso para establecer 17 cupos para pueblos originarios dentro de los 155 constituyentes ya establecidos. Pero la premura con que se negoció abre el riesgo de fricciones en su ejecución.




Tras una serie de maratónicas jornadas, la comisión mixta del Congreso designada para estos efectos alcanzó un acuerdo por unanimidad sobre la reforma constitucional que consagra escaños reservados para los pueblos originarios en la futura Convención Constituyente. Con ello, serán 17 cupos que será asignados dentro de los 155 escaños que contempla la Convención, y eventualmente un cupo adicional correspondiente a pueblos de descendencia afroamericana.

El acuerdo supone un importante acercamiento entre oficialismo y oposición, pues existían diferencias que en algún momento parecían insalvables. Desde luego, los parlamentarios de gobierno apoyaban la idea de 15 cupos, todos dentro de los 155 escaños para convencionales, mientras que la oposición bregaba por un total de 25, adicionales a los 155. También se logró que hubiera un padrón especial, el que será conformado por el Servel, y habrá criterios de paridad.

Lo que finalmente se acordó en la comisión mixta -y que ahora cabe esperar que sea refrendado tanto por la sala de la Cámara como por el Senado- constituye un punto de equilibrio razonable, que salvaguarda la importancia de que los pueblos originarios tengan representantes propios en la futura instancia constituyente. Esencial ha sido que se respetara el número de 155 constituyentes, guarismo que fue acordado en la reforma constitucional que siguió a los acuerdos políticos de noviembre de 2019. La ciudadanía concurrió a votar masivamente con esta información al plebiscito constitucional de octubre pasado, por lo que un cambio posterior habría significado una grave alteración de las reglas ya consagradas, abriendo espacio para que otras normas relacionadas con el proceso constituyente también pudieran ser reformadas posterior al referéndum, bastando la sola voluntad de los congresistas.

Cabe considerar que la desidia, falta de visión o el cambio de prioridades llevó a que esta reforma se tratara a último minuto, en circunstancias que las fuerzas políticas tuvieron cerca de un año para haber dado con un acuerdo que zanjara apropiadamente las distintas aristas. En ese contexto, antes del plebiscito incluso habría sido posible que se aumentara el número de convencionales o se modificara la composición de los distritos, lo que seguramente habría sido asimilado por la ciudadanía, pero ello ya no resultaba aceptable una vez celebrado el referéndum y fijadas las normas del proceso.

Pese a lo valorable que resulta el acuerdo, la premura con que hubo de ser negociado dejó materias relevantes que no quedaron bien zanjadas en el acuerdo de la comisión mixta, y que adelantan la posibilidad de fricciones no menores. Es el caso de cómo se asignarán los cupos indígenas dentro de los actuales 28 distritos, fórmula que deberá ser resuelta por el Servel. Éste deberá descontar el total de escaños de aquellos distritos con mayor proporcionalidad de personas declaradas indígenas, pero además con dos restricciones importantes: podrá descontar solo un cupo por distrito, y no podrá imputar ningún escaño en aquellos que elijan tres convencionales. Todo esto deberá ser resuelto en muy poco tiempo por el Servel, colocando una inconveniente presión política sobre el organismo.

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