Acuerdo político por reforma tributaria

Fundamental para la superación de la actual crisis será que, junto con introducir nuevos beneficios sociales y corregir desigualdades, la economía vuelva a ofrecer oportunidades a todos. Que la crisis entonces tenga un componente económico importante exige ser especialmente cuidadosos en no dañar las condiciones capaces de restablecer, en algún momento, la confianza en la institucionalidad del país y los incentivos específicos a la inversión.

Desde esta perspectiva parecía muy importante corregir los errores de política que contribuyeron a la pérdida de potencia de la economía chilena durante el gobierno pasado. Así lo intentó la actual administración a través de una propuesta de reforma tributaria que se hacía cargo de que el alza acumulada en los impuestos a los ingresos del capital -que desde 2010 en adelante se elevaron desde el 17% al 27%, en el caso del impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta, y desde el 40% hasta el 44,45% en el caso de la tasa efectiva para retiros de utilidades en el caso de contribuyentes en el tramo más elevado del Impuesto Global Complementario- dañó seriamente la inversión, lo que correspondía remediar.

Las circunstancias políticas han llevado a desechar las reformas procrecimiento más importantes para priorizar la paz social que permita retomar una visión de largo plazo. De momento parece ineludible que la gestión económica deba transitar por el estrecho espacio entre lo que calma la efervescencia actual y lo que lleva al estancamiento e inestabilidad política permanentes. La nueva autoridad económica renunció a la integración tributaria contenida en el anterior proyecto de reforma (salvo para pymes), aumentaría la tasa máxima del Global Complementario, y está discutiendo la introducción de nuevos impuestos sobre propiedades residenciales de alto valor y revisión de regulaciones sobre Fondos de Inversión Privada (FIP), entre otras medidas.

Sectores relevantes de oposición están buscando llegar a medidas conducentes. Resulta lamentable, sin embargo, que del procesamiento político de las propuestas esté surgiendo como criterio relevante que ellas afecten a los "súper ricos", como se va imponiendo tras impuestos patrimoniales, sabidamente ineficientes y menos equitativos. La propuesta contempla, entre otras medidas, gravar con un impuesto fijo propiedades con un avalúo fiscal superior a $ 400 millones. Parece evidente que hay una distorsión en los términos cuando se asume que el solo hecho de poseer un patrimonio de cierta cuantía convierte al contribuyente en "súper rico".

La propuesta también tiene la dificultad de pasar por alto que la conformación de un patrimonio guarda estrecha relación con los ciclos de vida; así, es durante el período activo cuando se acumula patrimonio para llegar a la madurez con eventualmente menos ingresos, pero con más activos. Si se aplican mayores impuestos durante la etapa de construcción del patrimonio, dicho objetivo se hace más difícil; y al aplicarse un gravamen en la etapa final, si la persona no cuenta con suficientes ingresos probablemente se verá forzada a desprenderse de parte de su patrimonio.