Acuerdos por la educación pública, una tarea de todos

Por Alejandra Grebe, directora de Educación Pública

Existe consenso respecto de que los fenómenos sociales y las reformas estructurales no pueden ser vistas solo como una fotografía aislada del momento en que ocurren, sino que precisan ser interpretadas y comprendidas desde el contexto y desde la génesis en que acontecen. Esta perspectiva de análisis es la que debemos aplicar al examinar la etapa actual en la implementación de la Nueva Educación Pública (NEP).

Es preciso comprender que las escuelas públicas son y deben ser una extensión del Estado en cada uno de los territorios en los cuales se constituyen. Este cambio, lento por lo demás, no se reduce únicamente a una mudanza de sostenedor, sino que implica una nueva forma de mirar lo que significa el apoyo y la orientación a la educación pública en sus diversas particularidades territoriales y conforme a sus modalidades.

La situación actual de la educación pública es la consecuencia de más de 40 años de historia, en donde brechas de desigualdad se fueron instalando en nuestra sociedad y en donde factores como el deterioro de las escuelas, la baja progresiva de la matrícula y la influencia de los vaivenes políticos, fueron afectando la imagen que las familias tenían sobre ella. Sabemos que la construcción, o más bien la reconstrucción, de confianzas es un proceso lento y que precisa signos evidentes y sostenidos de mejora, así como también del apoyo transversal de actores políticos y sociales que deben ver este desafío con un prisma necesario de colaboración.

La implementación de la Ley 21.040, que dio pie a la NEP, se ha ido gestando durante tres administraciones y cambios de gobierno, contexto que implica ajustes en la gestión del Estado, afectando el proceso de implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Al mismo tiempo, la misma ley ha mostrado que eran necesarios ajustes, los que precisan de la suma de voluntades de legisladores y de una visión de bien común, más allá del corto plazo y de créditos inmediatos. En materia de educación, no puede haber nunca “oposición”, sino “colaboración”.

Con la instalación de los primeros 11 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), se evidenciaron una serie de complejidades en el diseño de la normativa. Pues si bien, dicha Ley busca poner en marcha una reforma estructural al sistema educativo, el contexto real de implementación conlleva distintos problemas, como por ejemplo la entrega de información para el correcto traspaso, el hacerse cargo de bienes inmuebles sin regularizar en términos de infraestructura, la gestión de la sobredotación en el servicio educativo y el asumir deudas previsionales de arrastre. Estos problemas administrativos, financieros y de instalación de capacidades no previstas, distan de ser algo fácil de resolver.

Por ello, el proceso de implementación ha debido administrar justamente estos grandes desafíos. No solo se trata de transformarse en una extensión del Estado, sino que de mejorar paulatinamente las condiciones de infraestructura de los establecimientos – proceso en extremo complejo y lento, pero a la vez urgente – con el fin de llegar a ser una alternativa atractiva para nuestros estudiantes y sus familias. En definitiva, aumentar la matrícula en la educación pública y al mismo tiempo disminuir las tasas de ausentismo escolar, mediante mejores procesos de enseñanza aprendizaje en sus pilares socio emocionales, programas curriculares y reconocimiento de las distintas modalidades de educación presentes en nuestro país.

Todos estos elementos hoy se encuentran plasmados en la Estrategia Nacional de Educación Pública, instrumento con el que nuestro sistema educacional cuenta por primera vez y que busca marcar un mapa de ruta de largo plazo, que trasciende a los gobiernos de turno, y que más bien le muestra a cada administración, el rumbo para conducir sus esfuerzos.

No resulta menor reconocer que la gestión de estos últimos años ha estado acompañada de acontecimientos tan relevantes como los movimientos sociales y la emergencia sanitaria, escenario que complejiza todavía más a los niños, niñas, adolescentes y adultos que atiende la educación pública y la instalación de los SLEP.

Se hace necesario reconocer el trabajo, vocación y empeño de miles de profesores y asistentes de la educación, al igual que los funcionarios de los Servicios Locales, quienes gracias a su esfuerzo permitieron mantener el servicio educacional en tiempos tan complejos y difíciles; a ellos, ahora y siempre, hemos de estar inmensamente agradecidos.

Cada acción u omisión, cada acuerdo o desacuerdo y cada esfuerzo en educación tiene el rostro de un estudiante. Si perdemos de vista esto se desvanece el propósito que nos alienta, por ello este proceso no se puede detener. Debemos seguir revisando, aprendiendo y mejorando, no olvidemos que la educación es un derecho fundamental y una batalla crucial para construir una mejor sociedad y un mejor país.