Acusación constitucional: ¿una “obsesión ministerial”?

Por Pilar Hazbun, coordinadora Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo

La acusación constitucional promovida en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por un grupo de diputados de oposición, carece de sustento fáctico y jurídico, además de presentar una serie de contradicciones. De hecho, de diversos pasajes del documento se desprende más bien una crítica constante a la oportunidad y medidas adoptadas en relación al retorno a clases presenciales, lo cual dista de constituir una infracción a la Constitución y a las leyes. Refuerza lo anterior el hecho que los mismos diputados que acusan al ministro de incumplir sus deberes, se han mostrado contrarios a la apertura de los establecimientos educacionales, siendo algunos de ellos autores de proyectos de ley como el que prohíbe el retorno a clases antes de la Fase 4.

Sin embargo, la evidencia internacional como nacional han sido concluyentes en mostrar los daños que se han generado a los niños, niñas y adolescentes producto de la suspensión de las clases presenciales, tanto en su desarrollo educativo como socioemocional. Según un estudio elaborado en conjunto por el Mineduc y el Banco Mundial que se publicó en agosto 2020, sobre el impacto del Covid-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en Chile, a nivel nacional y en un escenario donde la interrupción de clases presenciales se prolonga por 10 meses los estudiantes de Chile podrían perder, en promedio, un 88% de los aprendizajes de un año, siendo los más afectados los estudiantes de menores recursos, en cuyo caso dicho porcentaje asciende a un 95%. En la misma línea, el último Diagnóstico Integral de Aprendizajes desarrollado por la Agencia de la Calidad de la Educación, aplicado en 7.000 colegios del país, reveló que los estudiantes entre sexto básico y cuarto medio no alcanzaron los conocimientos mínimos necesarios en el año escolar 2020.

En ese sentido, el retorno a clases presenciales -que se califica como “una obsesión ministerial” en el texto de la acusación-, se vuelve un imperativo para asegurar el derecho a la educación. Y es en ello en lo que, con justa razón, se ha enfocado el Ministerio de Educación, apoyando con recursos el retorno seguro, respetando también la decisión de los padres y de las comunidades educativas, y priorizando a los profesores en el proceso de vacunación. Asimismo, y en lo que respecta a la subvención a los colegios, cabe recordar que en la Ley N°21.294, de diciembre 2020, se incorporó la posibilidad de que la asistencia no sea un factor determinante para el pago de la subvención.

En definitiva, y especialmente dado los avances en el proceso de vacunación en nuestro país, sería esperable que los esfuerzos de todos los sectores se enfocaran en promover un retorno a las clases presenciales, de manera descentralizada y considerando la realidad de los diferentes establecimientos educacionales. Es lamentable que algunos prefieran, en cambio, poner obstáculos a ese retorno y perder el tiempo en acusaciones que no tienen sustento plausible.