Acusación contra intendente de Santiago

Recientemente, diputados de oposición ingresaron un requerimiento de acusación constitucional en contra del intendente de Santiago, cuyo mérito está evaluando la comisión designada antes de ser presentada a votación. El libelo se sostiene en que la autoridad con motivo de la estrategia de copamiento por parte de Carabineros del espacio de la Plaza Baquedano habría vulnerado los derechos a circulación y derecho a reunión, desconociendo su obligación de velar por el orden público, garantizando el adecuado ejercicio de esos derechos.

De prosperar, sería la cuarta acusación constitucional que se tramita en lo que va de esta administración -un grupo de diputados también evalúa acusar al intendente de Valparaíso, también por temas relativos al orden público-, las que incluso han alcanzado inéditamente hasta el propio Presidente de la República, en cuyo caso se aprobó la cuestión previa, lo que evitó que el asunto siguiera escalando.

Parece un despropósito que el expediente de las acusaciones constitucionales comience a verse no como algo excepcional, reservado para casos calificados como los que describe la Constitución, sino como una herramienta más a disposición de los partidos de oposición para provocar daños políticos al gobierno, destituyendo autoridades. Con ello se desnaturaliza este recurso y a la vez se desprestigia el Congreso, que sigue ubicado entre las instituciones con menor aprobación ciudadana.

Algo que resulta especialmente llamativo en la acusación contra el intendente de Santiago es que se está haciendo un cuestionamiento directo a sus facultades para controlar el orden público. Se busca asimilar la política de "copamiento" a un impedimento para la libre circulación de las personas, atentaría en contra del derecho de reunión, además de afectar la libertad de expresión. También se ha hecho ver que producto de las "políticas represivas" diversos manifestantes han resultado heridos de diversa consideración, responsabilizando de ello a Carabineros, y también al intendente, al ser éste quien ha dispuesto de la presencia policial.

La legislación entrega múltiples facultades al intendente, entre ellas velar para que dentro de su territorio se respete la tranquilidad y el orden público. No se ve cómo el ejercicio de dicha atribución -que no es sino buscar armonizar los derechos de quienes se manifiestan con los del resto de la población- podría entenderse como una infracción a garantías constitucionales, en especial cuando han sido de público conocimiento acciones vandálicas en la Plaza Baquedano o manifestaciones sin autorización.

Seguir adelante con esta acusación sería en los hechos cuestionar las facultades inherentes de los intendentes, dejándolos en la práctica sin atribuciones o bien inhibiéndose de ejercer sus facultades para evitar una destitución. El errático actuar del intendente de Santiago -que así como ha buscado el copamiento de la Plaza Baquedano también ha felicitado masivas manifestaciones allí no autorizadas, donde incluso se han utilizado fuegos artificiales- probablemente hace más compleja una defensa, pero aun así no debe perderse de vista la importancia de no mal utilizar las acusaciones constitucionales o de impedir que la autoridad cumpla con sus obligaciones.