SEÑOR DIRECTOR
Preocupa la decisión de la Cámara de Diputados de admitir la acusación constitucional en contra de la ministra Silvana Donoso por notable abandono de deberes, y que ahora tendrá que resolver el Senado.
Cabe tener en cuenta que la causal de notable abandono de deberes se refiere solo al incumplimiento de los deberes formales, pero en ningún caso dice relación con el control del contenido de las decisiones judiciales por esta vía.
La razón es evidente, no existe un verdadero estado de derecho sin separación de poderes y sin independencia de los tribunales. Que el Congreso cuestione las decisiones de los jueces quiebra las bases de nuestro sistema democrático y vulnera asimismo una disposición constitucional expresa que prohíbe al Presidente y al Congreso revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones judiciales. Esta decisión de la Cámara constituye, entonces, un riesgoso precedente pensando en el futuro de nuestra institucionalidad.
No está demás recordar que hace tan solo dos años atrás se presentó una acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema (también por el contenido de sus fallos), y que dicha acusación fue rechazada por parte de los parlamentarios que en esta oportunidad votaron a favor.
Más allá de que resulta imposible no empatizar con el horroroso crimen de Ámbar Cornejo, y que eventualmente la revisión de los antecedentes al conceder beneficios carcelarios por parte de la comisión de ministros puede haber sido desprolija; no es posible desconocer que esta decisión se ajustó a derecho, y por tanto no existe justificación para romper las reglas constitucionales, y menos el principio de independencia del Poder Judicial.
Constanza Hube P.
Profesora Derecho Constitucional UC
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