Gonzalo Cordero

Gonzalo Cordero

Abogado

Opinión

Admisión justa

Foto: Reinaldo Ubilla

El Ministerio de Educación promueve que se incorpore el rendimiento académico como factor a considerar para asignar un cupo disputado por dos o más estudiantes en un colegio. La pregunta que está detrás del cambio es simple: por ejemplo, si hay dos niñas postulando a un liceo de excelencia, una lo hace con un 6,8 y la otra con un 4,5 ¿se debe reconocer algún mérito a la primera o se debe considerar que la diferencia de nota es consecuencia del azar y, por lo tanto, debe tratárseles exactamente igual?

Eso que llamamos mérito no puede derivarse de factores aleatorios, pues no es justo que alguien se beneficie de haber nacido en una familia con mayor capital cultural, más recursos económicos o un ambiente más estimulante, ya que ninguna de esas variables se debe a quien aprovecha de sus efectos. Esto es verdad, pero considerado como criterio absoluto significa asumir que la vida está determinada por el medioambiente y que nadie tendría derecho a exigir una retribución proporcional a su esfuerzo, lo que resultaría ciertamente absurdo.

Entonces, un orden social justo es aquel que ubica los resultados del empeño individual en el punto y la proporción adecuada. Quienes creen que eso deja un margen más bien pequeño al reconocimiento de los resultados personales, porque la mayor parte de la gente no hace más que vivir la vida que “le tocó”, apoyan que la niña del 6,8 no merece el cupo más que la del 4,5 y la única forma justa de resolver la disputa es en una tómbola. Para ellos el mérito es, en consecuencia, algo escaso, marginal, propio de mentalidades elitistas, generalmente incapaces de reconocer su condición de privilegiados.

Sin embargo, la realidad está llena de ejemplos de personas que han superado las desventajas que les ha presentado la vida, que desde pequeños han trabajado duro y han buscado el progreso en su propio esfuerzo y no en el cambio de “las estructuras sociales”. Por eso, la pregunta es si a esos niños y niñas debemos decirles que su esfuerzo sí importa o, por el contrario, tenemos que echar su vida y su futuro en una tómbola. Además de cuestionarnos qué es lo más justo, también debemos preguntarnos cuál de las dos opciones promueve una sociedad mejor.

Plantear que la opción se aplicará entre niños de distinto nivel socioeconómico y que de esta forma se discriminará a hijos(as) de ricos y de pobres, no solo es absurdo, es falsificar la discusión y el proyecto de ley. Reducir el valor del esfuerzo individual y sus resultados al mínimo, es lo que justifica expandir al máximo el poder arbitrador del Estado e identificar eso con la justicia, pero eso solo conduce a perder la libertad y a la mayor injusticia: desconocer el valor del que es capaz de vencer la adversidad.

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