AFP: los límites al derecho de propiedad

TEMATICAS PENSIONADOS



Una profesora jubilada solicitó la devolución de sus fondos ahorrados en su AFP para poder disponer de ellos libremente y así evitar la pérdida de su casa. Su pensión, calculada en función de tales ahorros, no resultaría suficiente para cumplir esa obligación. El caso llegó vía recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la que presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el tema. Se ha sostenido que existe un aparente conflicto entre el derecho de propiedad y el DL 3.500 que impide devolver los fondos al afiliado.

La pregunta de fondo, entonces, es el contenido del derecho de propiedad y las limitaciones a que pudiera estar afecto y que deriven de su función social. Las personas son titulares del derecho a la seguridad social y a que el Estado garantice el acceso al goce de prestaciones básicas uniformes. Debe recordarse que el Estado está al servicio de la persona humana y una de sus finalidades es permitir su mayor realización espiritual y material posible.

Los fondos que componen el sistema de pensiones regido por el DL 3.500 se organizó sobre estos principios, donde en base a cuentas de ahorro individual traducidas en cotizaciones obligatorias se va creando un capital para el cálculo y pago de una pensión de vejez.

Por ello, la cuestión planteada se refiere a la libre disponibilidad de esos ahorros frente a un sistema que estableció limitaciones al dominio. El fundamento de ellas está indisolublemente ligado al derecho a la seguridad social, también establecido en la Constitución y a la función social de la propiedad, que permite limitaciones a la propiedad cuando lo exijan los intereses generales de la nación, la utilidad y la salubridad públicas.

De este modo, el recurso de protección es inidóneo. Al rechazarse por una AFP la devolución de ese capital, no está incurriendo en ilegalidad o arbitrariedad alguna, pues está cumpliendo las normas. Los recursos de protección buscan restablecer el imperio del derecho, que no se ve afectado en ninguna forma. Por otro lado, no cabría dentro de las potestades de un tribunal modificar, vía interpretación, la ley que regula el sistema de pensiones pues estaría infringiendo la propia Constitución al intentar establecer políticas públicas. Ello, sin contar con la afectación del sistema y las consecuencias patrimoniales muy adversas que provocaría el retiro masivo de estos ahorros, incluso para los propios beneficiarios si éstos no lo destinan a su jubilación y son de libre disponibilidad. ¿Será el Estado entonces quien debiera hacerse cargo de las personas sin recursos o ingresos insuficientes?

El legislador debe resolver un problema que la ley no anticipó, cuando un ahorro es ineficaz para entregar una pensión que satisfaga las necesidades básicas de la jubilación. Pero, frente a retiros masivos, ¿quién responderá si las AFP son privadas de sus recursos para pagar los fondos de pensiones? Se producirá un colapso del sistema. No es extraño entonces que los recursos sean presentados por la organización "No más AFP".

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