Ajustes a elección de gobernadores regionales

A principios de este año se aprobaron dos leyes relativas a la descentralización de nuestro país: la que establece la elección popular del nuevo cargo de gobernador regional -que tendrá lugar por primera vez en el año 2020-, y la que define el procedimiento para transferir competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales.

Quienes son optimistas, ven en la elección de gobernadores regionales un incremento de su autonomía frente al gobierno central, aspirando a que por el solo hecho de la elección, sean las regiones las que definan las políticas y programas relevantes para sus territorios, pudiendo avanzar en aquello que comprometieron a su electorado en la campaña. Pero a la luz de las difusas normas aprobadas, estas aspiraciones se ven lejanas.

Tampoco parecen encontrar asidero los anhelos de quienes estiman que los gobernadores regionales tendrán las atribuciones que actualmente competen a los intendentes, quienes son representantes del Presidente de la República en la región. Esta función será asumida por el futuro delegado presidencial, cargo que se creó en estas reformas y que seguirá siendo de su exclusiva designación. Entonces, ¿qué competerá a los gobernadores regionales electos? Se trata de una interrogante no resuelta. Ello pues lo sancionado por el Congreso constituye más bien un instrumento para, eventualmente, transferir competencias al gobierno regional en determinados ámbitos. Y es eventual porque es el Presidente de la República el que tiene la respuesta final sobre realizar la transferencia, la cual puede ser temporal o transitoria. Por ello, es importante ir ajustando las expectativas al efecto.

Ahora bien, asumiendo que ciertas competencias serán transferidas, se entiende que deberán ir acompañadas de recursos económicos suficientes y del personal necesario para poder ejecutarlas adecuadamente. Si ello no fuere así, las reprimendas mutuas entre el gobierno central y regional electo -cuyo color político puede diferir de aquel del gobierno de turno-, serán un permanente foco de controversias.

Sobre estas reformas, llama la atención que cuestiones previas de gran trascendencia sobre cómo mejorar la capacidad de gestión de las regiones, la transparencia en el uso de los recursos y su asignación a objetivos prioritarios -cuya aplicación pueda medirse y evaluarse en el tiempo, a través de rendiciones de cuentas comparables-, no fueren abordadas adecuadamente en el debate. Tal y como lo han hecho presente investigadores de diversos sectores, existe evidencia comparada que indica que un proceso de descentralización mal conducido genera riesgos de corrupción, y que para hacerse cargo de ello es preciso conocer de antemano las competencias de los gobiernos regionales, cuestión aún desconocida.

El actual gobierno tiene entonces un desafío mayor en esta materia, lo que no debe dejar de considerar que aún existe espacio para corregir estas reformas y que nada impediría que se evaluara su aplicación gradual -tal como ocurrió, por ejemplo, con la implementación de la Reforma Procesal Penal-, para identificar, en base a esa experiencia, cuestiones a modificar y formas de control idóneas.