Alarmas de incendio

SEÑOR DIRECTOR

Una de las cuestiones que ha demostrado esta crisis social es la debilidad de ciertas instituciones para abordar problemas de mayor complejidad. Esto ha sido evidente en lo que se refiere al presidencialismo, que sencillamente ha terminado por desaparecer estas semanas. Algo de eso es lo que podría estar pasando con el orden público y la persecución penal, un sistema institucional integrado, en donde el rol del Ministerio del Interior, Carabineros y el Ministerio Público son determinantes para obtener resultados públicos adecuados.

Desde hace dos décadas, la tensión vinculada a la seguridad pública ha generado continuas disputas entre estas tres instituciones, una cuestión profundizada desde 2010, con la primera administración Piñera, quien incluso buscó condicionar el presupuesto del Ministerio Público. Estas interpelaciones institucionales se han extendido también contra los denominados "jueces garantistas".

Aunque reacciones como estas son estridentes y tienden a deslegitimar la confianza pública cuando se utiliza un lenguaje grosero, irónicamente son útiles, porque provocan lo que la literatura denomina "alarmas de incendio" (McCubbins - Schwartz, 1984; Freeman - Rossi, 2012). Esto sucede cuando en apariencia tenemos redundancias o vacíos institucionales, pero que frente a un problema pueden advertir oportunamente la existencia de ineficiencias al interior de un sector, en este caso seguridad, disputas que al ser públicas pueden resolverse sin esperar la intervención del Congreso.

En tiempos de estrés institucional, en donde la normalidad es difícil, las alarmas de incendios entre organismos públicos son útiles para demostrar que nuestro sistema democrático aún tiene algunas fortalezas, a pesar de la incomodidad de las palabras y de las deficiencias que nos revelan.

Luis Cordero Vega