Alcances de una nueva acusación constitucional

La desnaturalización de esta herramienta y el condicionar el manejo del orden público al vaivén de las mayorías parlamentarias sienta graves precedentes.



A pesar de las profundas desuniones que la han caracterizado en el último tiempo, la oposición logró unificarse en torno a la acusación constitucional en contra del hasta ayer ministro del Interior Víctor Pérez, forzando a su renuncia. Se trata de la quinta acusación de este tipo que se presenta en contra de ministros de Estado bajo la actual administración, lo que deja en evidencia el uso abusivo y completamente desnaturalizado que se está haciendo de esta herramienta excepcional.

Pese al fuerte golpe político que esto representa para el gobierno -es el tercer ministro del Interior que pierde-, en realidad es un reflejo del deteriorado ambiente que reina en la oposición, que a falta de idearios comunes y la incapacidad para construir un proyecto político conjunto, opta por este tipo de maniobras que, aunque vistosas, no alcanzan para disimular la falta de entendimientos básicos. No es una buena señal que lo que más parece animar a las fuerzas opositoras sea bloquear o desestabilizar a un gobierno, antes que sintonizar con los intereses ciudadanos.

Desde el punto de vista institucional, son varias las implicancias a partir de lo que ha ocurrido ayer. Una de ellas -y sobre la que se ha advertido largamente- es que la acusación constitucional se está utilizando como una suerte de juicio político, quedando la gestión de los ministros supeditada a la “confianza” de las mayorías en el Congreso, antes que a la voluntad y evaluación del propio Presidente de la República. La acumulación de acusaciones en tan corto período está instalando un parlamentarismo de facto, sin que se sopesen las consecuencias políticas de ello.

Pero junto con lo anterior, es evidente que el ejercicio de un cargo tan delicado como el de ministro del Interior, especialmente en su dimensión de control del orden público, se ve gravemente comprometido ante la falta de certezas y cuando la evaluación de sus actuaciones queda sometida al vaivén de las contiendas políticas. Algo así no había ocurrido hasta ahora, lo que abre la interrogante de la viabilidad que tendrán los futuros ministros que detenten el cargo, no pudiendo descartarse que exista una cierta inhibición para ejercer las facultades que la propia ley establece. No puede perderse de vista que otro ministro del Interior de este gobierno ya fue sancionado en virtud de una acusación constitucional.

En el presente caso, uno de los cargos es que el exministro Pérez dejó leyes sin aplicación, a propósito del reciente paro de camioneros. Se le acusa de que no hizo uso de la ley “antibarricadas”, pero sobre todo que mediante maniobras dilatorias evitó invocar la Ley de Seguridad del Estado. Sin perjuicio de los errores que se pudieron haber cometido en el manejo de dicho conflicto, es un hecho que el propio legislador reservó la aplicación de este último instrumento a criterio exclusivo de las autoridades de gobierno, las que deberán evaluar en cada circunstancia su pertinencia. Deducir una acusación constitucional sin más porque una mayoría parlamentaria estima que sí debió aplicarse dicha norma requiere un caudal probatorio que los acusadores estuvieron lejos de poder satisfacer.

La renuncia de Pérez supone un gesto simbólico que no cabe desestimar, pues si bien no impedirá que el juicio siga su tramitación ante el Senado, cuando menos le quita parte de la carga política al gobierno. Los senadores tendrán ahora la responsabilidad de estar a la altura y evitar que se consagren precedentes tan negativos para el país.

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