Alcances sobre Agenda de Productividad

Si bien cabe valorar la agenda del gobierno para mejorar la productividad -fruto de un trabajo público-privado-, llama la atención que no se haya puesto suficiente énfasis en nuevos incentivos a la inversión en innovación, o en medidas para mejorar la educación.



Para aumentar la productividad, no existen recetas sencillas y debe ser entendido como un proceso de mejora continua en diversas áreas, donde sus efectos se pueden reconocer en el mediano y largo plazo. Recientemente el gobierno lanzó una Agenda de Productividad, fruto de un trabajo público-privado donde se lograron consensos en nueve ejes de trabajo, con más de 40 medidas, un esfuerzo que de suyo resulta valorable.

Dentro de las medidas propuestas, destacan las mejoras en procesos de inversiones, que se espera reduzcan la carga regulatoria, otorgándole mayor certeza a los procesos de evaluación. Se acelerará el trámite del proyecto de ley que reforma nuestro sistema notarial, como también la “desnotarización” en una serie de otros trámites gracias a los avances en digitalización. Asimismo, resalta el nuevo impulso a la ley de cabotaje marítimo para aumentar la competencia, como también la digitalización de procesos de comercio exterior y logística.

Sin embargo, la Agenda no se hace cargo de algunas sugerencias levantadas por asociaciones gremiales y la Comisión Nacional de Productividad (CNP); tal es el caso, por ejemplo, que se realice un seguimiento, evaluación y medición de las principales medidas a través de una agencia independiente. La simplificación regulatoria es bienvenida, pero estos esfuerzos deben ser realizados de forma permanente, ya sea eliminando, incorporando o bien creando regulación bajo los criterios de la eficacia y eficiencia. Adicionalmente, la Sofofa manifestó que las medidas propuestas eran insuficientes, por haber dejado fuera medidas que permitan generar nuevos incentivos a la inversión en innovación, identificar barreras regulatorias que impiden o dificultan una mayor competencia y perfeccionar la franquicia tributaria, por nombrar algunas.

También debe ser motivo de atención la alerta levantada el 2016 por la CNP, donde casi la mitad de las medidas planteadas en las distintas agendas de productividad de diferentes gobiernos nunca se implementaron. Dentro de los ejemplos más emblemáticos destacan la resistida reforma a nuestro sistema notarial y registral, aumentar la competencia en el cabotaje marítimo y mejorar el sistema de evaluación ambiental, entre otros. Incorporar tempranamente al mundo político en el trabajo de estas medidas podría entregarles una mayor viabilidad política a las reformas complejas, lugar donde se manifiesta la fuerza de los distintos grupos de interés y visiones ideológicas.

Esta agenda tampoco incluyó medidas para mejorar la educación, siendo que se trata de una variable crítica para avanzar en productividad, tal como ha demostrado la historia de numerosos países de Asia y Europa. Esto es aún más acuciante luego de los devastadores efectos que dejó la pandemia en nuestros niños y jóvenes.

Que la productividad deje de ser un lastre para el crecimiento económico no solo depende de la calidad y efectividad de estas agendas, sino también de consensuar una estrategia de largo plazo que trascienda los gobiernos y permita delinear con claridad una hoja de ruta en aquellas áreas que afectan nuestra alicaída productividad.

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