Amenazas de boicot a Prueba de Transición Universitaria

Un total de 263 mil jóvenes se inscribieron para rendir entre el 4 y 8 de enero -divididos en dos grupos- la Prueba de Transición Universitaria (PTU), que les permitirá postular a las 43 instituciones de educación superior que participan del sistema único de admisión. Una parte de ellos ya fue víctima en el proceso pasado del atentado a la entonces PSU que realizó la agrupación de estudiantes secundarios denominada ACES, quienes a través de la violencia les impidieron rendir sus pruebas en las condiciones óptimas e incluso obligaron a suspender su realización en algunos recintos.

Los datos de la admisión a las universidades en el año en curso indican que los mayores afectados por dichos actos habrían sido los jóvenes provenientes de colegios públicos y subvencionados, que redujeron desproporcionadamente su ingreso a la educación superior. Así, si bien todos los inscritos debieran tener el mismo derecho a rendir su prueba en igualdad de condiciones, este antecedente da cuenta de la inconsecuencia entre la supuesta motivación de la protesta y cuáles fueron sus reales efectos.

La ACES, no obstante, en un hecho inaceptable, ya amenazó con la posibilidad de repetir nuevamente su boicot. Sus argumentos apuntan al rechazo que les causa el proceso de selección, el que de todas maneras se encuentra en una etapa de reforma luego de que pasara a manos del Ministerio de Educación, pues anteriormente lo administraba el Demre de la Universidad de Chile. Así, entre los cambios que se contemplan para este año de transición está la reducción en el número de preguntas, así como de los contenidos evaluados. Y para el proceso de admisión 2023, en tanto, se planea la implementación de la prueba definitiva, que a diferencia de la PSU -que evaluaba conocimientos- se enfocará en la medición de competencias que permita equilibrar de mejor manera los objetivos de equidad socioeconómica y de correcta predictibilidad del éxito en la educación superior. Asimismo, tendrá una reducción en su ponderación mínima obligatoria y permitirá una mayor flexibilidad, para que cada carrera e institución la pueda complementar con los instrumentos de selección aprobados por el ministerio que mejor se adecúen a su perfil.

Naturalmente que la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia, pero menos aun cuando ya se está trabajando en el desarrollo de los cambios recomendados por los especialistas, cuya implementación toma tiempo. El subsecretario de Educación Superior, en entrevista con este medio, explicó que en conjunto con las medidas de resguardo sanitario que ha impuesto el Ministerio de Salud, también se ha organizado un contingente de Carabineros que acompañe y cautele la seguridad de la rendición, para que no se repita la experiencia ya vivida a principios del presente año. Es de esperar que esta vez los protocolos de seguridad sí permitan a los inscritos ejercer su derecho y poder dar sus pruebas sin contratiempos.