AMLO contra Bolso: opuestos estilos de desarrollo

Por otro lado, la disminución de los ingresos tributarios que deriva de la reducción del impuesto de renta a las sociedades tiene consecuencias devastadoras. Brasil podría perder con esta medida 9 mil millones de dólares. Eso se traduce en falta de recursos para la educación, la atención médica, los programas de reducción de la pobreza, y la infraestructura. Sería un nuevo golpe al financiamiento de las políticas sociales después de la adopción, en el final del 2016, de una enmienda constitucional que congela el gasto público por una década. Ya el año pasado, el gasto federal combinado en salud y educación cayó un 3,1% en términos reales.

Menos financiamiento para los programas sociales significa también menos crecimiento en un país donde una gran parte del capital privado prefiere la renta financiera a la inversión directa. El Instituto de Encuesta Económica Aplicada (Ipea) calcula por ejemplo que cada vez que el gobierno gasta R $ 1 en la educación pública, genera R $ 1,85 para el producto interno bruto. El mismo valor inyectado en la salud genera R $ 1,70.

En realidad, bajar la tasa de impuestos a la renta corporativa no es nada más que un regalo a las empresas y a las personas de altos ingresos, con profundas consecuencias sobre la distribución del ingreso. En efecto, quienes tienen acciones y reciben dividendos por las mayores utilidades obtenidas son los dueños del capital. Por añadidura,  la erosión de las bases imponibles se agudiza con la planificación agresiva de las multinacionales, las que manipulan las transacciones entre subsidiarias, garantizando que las ganancias sean grabadas en los países donde los impuestos son más bajos y no donde realmente tiene lugar la actividad económica y la creación de valor.

Por eso, la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa (ICRICT, por sus siglas en inglés), de la cual soy miembro, plantea que es urgente reformar el sistema tributario mundial. Las multinacionales deben pagar impuestos como una sola empresa que realiza negocios a través de las fronteras. Las ganancias globales y los impuestos asociados podrían entonces asignarse de acuerdo con factores tales como las ventas, el empleo y los recursos utilizados por la empresa en cada país, reflejando la verdadera actividad económica. También consideramos que los países deben adoptar un impuesto efectivo mínimo a las utilidades  de las sociedades de entre el 20 y el 25%. Ello significa desmantelar los generalizados subsidios y exenciones que priman a lo largo de América Latina; reducir impuestos corporativos y jibarizar la inversión pública no es un camino al desarrollo.

Los retos no son menores en México, donde la pobreza y la violencia continúan alimentando la fuga de cerebros y de brazos hacia el norte y donde la movilidad social es cuasi inexistente. Apenas el 4.5% de los mexicanos entre 25 y 64 años de edad, cuya madre o padre sólo tenía una educación primaria, terminaron con una licenciatura. Una situación que no cambiará sin una masiva – y eficiente - inversión pública. .