SEÑOR DIRECTOR
A un año del inicio del estallido social, Amnistía Internacional publicó un extenso informe sobre la situación de derechos humanos de nuestro país, dando cuenta de un nivel de violencia estatal sin precedentes en tiempos de democracia. El informe es contundente, se encuentra bien respaldado por evidencia, y es un gran aporte para avanzar en verdad frente a los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019. Sin embargo, tanto el gobierno como Carabineros intentaron minimizar el informe.
No hay duda que el informe de Amnistía no reemplaza las investigaciones realizadas por la Fiscalía, ni pretende dar por acreditada más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de ningún individuo. Ese no es su objetivo. Por lo mismo, la falta de determinación judicial no priva de valor al informe ni a los hechos ahí denunciados. Sería esperable que el gobierno a estas alturas comprendiera aquello, especialmente considerando su actitud en el pasado, en que ha otorgado gran importancia a informes internacionales en materia de derechos humanos referidos a otros países, aún a pesar que ellos se referían a hechos que no habían sido acreditados judicialmente.
El Informe de Amnistía se suma a otros informes internacionales que dan cuenta de un problema grave y que no se limita a hechos específicos de abuso por parte de Carabineros -que deberán ser determinados por las autoridades competentes-, sino a una práctica institucional que resulta preocupante en un estado democrático. Es aquello lo que debe ser enfrentado.
Catalina Fernández Carter
Abogada
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